El Gobierno retrasará el reparto de 4.400 menores no acompañados que se hacinan en Canarias y Ceuta, pese a la grave situación que viven estos territorios, que llevan varios meses pidiendo una actuación rápida y urgente. La intención inicial, según los plazos que anunció el Ejecutivo, era que dicha distribución comenzase esta misma semana. Fuentes gubernamentales al más alto nivel, sin embargo, indican que el Real Decreto que desarrolla la ley 2/2025, aprobada en marzo, "tardará aún" en pasar por la mesa del Consejo de Ministros.
Se trata de un documento con la firma ministra de Juventud e Infancia, Interior, Política Territorial y Migraciones, al que ha tenido Vozpópuli, y que permitirá a Moncloa decidir de forma unilateral a qué región manda a los menores con 48 horas de margen. El texto, que todavía no han recibido las comunidades autónomas, tiene el objetivo de establecer un procedimiento claro, ágil y garantista para la reubicación de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en caso de una situación de contingencia migratoria extraordinaria.
Por ahora, solo Canarias, que ya ha hecho sus aportaciones al texto y que ve con “preocupación” esta nueva dilación de los plazos, ha solicitado la activación de esta situación de contingencia, que podrán solicitar en un futuro todas aquellas regiones que se encuentren en una situación similar. El decreto, en trámite para su aprobación por el Consejo de Ministros, busca reforzar la protección integral de estos menores, en un contexto de creciente presión migratoria en las fronteras del sur de Europa, dotando de un marco de obligado cumplimiento a las autonomías que no existía hasta ahora.
La llegada de menas aumentó un 221%
Según datos oficiales, el número de menores migrantes no acompañados ha aumentado en un 221,4% en los últimos ocho años. Esta cifra ha generado una fuerte presión sobre los sistemas de protección de comunidades y ciudades autónomas como Canarias, Ceuta y Melilla. El nuevo Real Decreto establece mecanismos para redistribuir a estos menores desde los territorios más saturados hacia otros con más capacidad, bajo principios de solidaridad y equidad.
Unos principios, sin embargo, que Moncloa se ha negado a negociar con los gobiernos regionales, que se verán obligadas a realizar un esfuerzo importante para cumplir con la ratio de niños y niñas que el Gobierno les pretende imponer. Además, según indican varios consejeros autonómicos en conversación con este periódico, el Ministerio de Hacienda tampoco les ha clarificado con que recursos extraordinarios contarán. En el caso de Canarias, que por ahora es la comunidad que ha hecho un mayor esfuerzo, María Jesús Montero les debe aún 50 millones del año pasado y los 100 millones comprometidos para este año.
Las autonomías no podrán oponerse
El decreto también prevé medidas para resolver situaciones de rechazo por parte de las comunidades receptoras. El texto normativo, que es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, para dejar Cataluña al margen de este reparto, regula quién tiene la competencia para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria y cómo se debe ejecutar el proceso de reubicación. En casos extremos, podrán intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento del traslado.
La norma prevé que de no alcanzarse un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como ocurre en la actualidad, ya que las autonomías del PP y la socialista de Castilla - La Mancha se oponen, la decisión podrá ser tomada de forma unilateral por parte el Ministerio de Juventud e Infancia. Una vez declarada la contingencia, se activará un Plan de Respuesta Solidaria que incluye la evaluación individual de cada menor, la asignación de recursos adecuados, y la intervención del Ministerio Fiscal en todas las fases del proceso.
La reubicación de cada niño debe completarse en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el registro de menores extranjeros no acompañados. Aquí es donde reside uno de los puntos más polémicos, ya que el Ejecutivo se reserva la opción de avisar únicamente con una antelación de 48 horas de la llegada de un menor a una autonomía. Dejando así poco margen a los sistemas de acogida para realizar todos los trámites necesarios para el traslado.
Además de todo lo relativo a la operativa del reparto, el nuevo texto normativo garantiza una atención adaptada a perfiles especialmente vulnerables como víctimas de trata, menores con discapacidades o en riesgo de exclusión. La comunidad de destino será responsable de asegurar su acogida, asistencia sanitaria y proceso de integración.
