La Xunta ha aceptado incorporar a la modificación de la Ley de Salud de Galicia el acoso digital al personal sanitario como otra forma de violencia. La Consellería de Sanidad, que dirige Antonio Gómez Caamaño, ha atendido así las aportaciones trasladadas por los distintos sindicatos en la Mesa Sectorial con el objetivo de mejorar la protección frente a las agresiones de las personas implicadas en la asistencia sanitaria.
Tras esta decisión, las acciones de acoso a través de Internet y redes sociales serán hechos sancionables, igual que lo son las amenazas, las coacciones, el desacato. Además, la nueva norma amparará tanto a los trabajadores del Sistema Gallego de Salud (sanitarios y no sanitarios), como a los de hospitales y clínicas privadas.
La reforma legal en la que trabaja el Gobierno de Galicia trata de poner freno a conductas violentas en todas sus formas, que se repiten con más habitualidad de lo que se pudiera pensar. En 2024, se registraron 32 intervenciones policiales por agresiones a profesionales de la salud, según datos de la Policía Nacional, cifra que ha duplicado la registrada el año anterior.
Concretamente, en menos de una semana se han registrado dos incidentes de agresiones físicas, en distintos centros sanitarios gallegos, que acabaron con denuncias y detenciones. Hechos que vienen a reforzar la necesidad de incluir las modificaciones oportunas en el diseño de la nueva ley.
Multas de 300€ a 15.000€
En este sentido, la normativa prevé un régimen de sanciones para los agresores, incluso si sus conductas no son reprochables penalmente. Las multas oscilarán entre los 300 euros y los 15.000 euros.
También el Departamento de Sanidad y los sindicatos han acordado que en las sanciones que impliquen la reparación de daños materiales por parte de los agresores se incluyan las pertenencias de la víctima, de ser el caso. De este modo, por ejemplo, el agresor deberá también hacerse cargo de los costes, por ejemplo, de unas gafas que haya roto, o de un ordenador o de un móvil, si corren la misma suerte.
Apoyo psicológico y jurídico
La instalación de dispositivos de alerta en los centros sanitarios, así como el refuerzo con agentes de seguridad privada, y la puesta en funcionamiento de servicios específicos de apoyo psicológico y ayuda jurídica a víctimas de agresiones en el ejercicio de su servicio, forman parte también del paquete de medidas en las que trabajan la istración y las organizaciones sindicales.
La modificación legal en curso establecerá además que las gerencias de las áreas sanitarias deberán comunicar de oficio todos los casos de agresión de los que tienen conocimiento a la Fiscalía Superior de Galicia para el inicio de acciones penitenciarias, con independencia de que exista o no denuncia por parte de la persona agredida.
La Xunta se personará en los juicios
Además, la Asesoría Jurídica de la Xunta comparecerá en los procedimientos penitenciarios por delitos de atentado al personal del Servicio Público de Salud.
La propuesta de las organizaciones sindicales, se incorporará un apartado para que, cuando la istración contrate servicios con medios externos, los pliegos de licitación incorporen el deber de la empresa contratista de disponer de un plan de prevención y de formación en términos equivalentes a los exigidos para el Servicio Gallego de Salud.
El Gobierno gallego impulsará paralelamente a desarrollo de la nueva ley, un Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario que efectúe una evaluación integral del riesgo de daños por violencia en función de factores relevantes en cada centro, medidas específicas que sea preciso implantar, así como el deber de facilitar formación e información en la materia.
