“Europa no puede seguir mirando hacia otro lado. Esta frontera no es solo de España, es de todos”. Así explicaba el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el cierre de una jornada marcada por la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la ciudad. Los eurodiputados, encabezados por el polaco de la formación de ultraderecha "Ley y Justicia",Bogdan Rzońca, han escuchado de primera mano la crudeza de la realidad que se vive en el Campo de Gibraltar: una batalla constante contra el narcotráfico librada por agentes agotados, déficit de medios y una desprotección cada vez más incipiente.
“Estas organizaciones erosionan el orden público, matan a personas y dificultan la economía legal”, advirtió Rzońca a su llegada al Consistorio algecireño. A lo largo de la mañana de ayer martes, la delegación europea se reunió con sindicatos policiales, responsables institucionales y colectivos sociales para evaluar el impacto del narcotráfico en una de las fronteras más calientes de Europa. El mensaje ha sido unánime: hace falta una respuesta coordinada, urgente y realista. Aunque lo cierto es que este órgano no es legislativo.
Mientras se espera un cambio significativo desde Bruselas, como un aumento de las inversiones, reconocimiento profesional y apoyo comunitario, la Policía Nacional de Algeciras es un reflejo del abandono estructural por parte del Estado. Dado al peligro al que se ven expuestos los agentes en uno de los puntos más calientes de la península, la zona está lejos de ser un destino deseado, la ciudad es evitada por los agentes que pueden elegir. “Aquí no quiere venir nadie a trabajar, hay 120 plazas y se quedan 50 vacantes. Vienen a aprender, pero no a quedarse”, resume sin rodeos el delegado de Jupol en el Campo de Gibraltar.
La situación no es nueva, pero sí cada vez más insostenible. Cada verano, con la Operación Paso del Estrecho, se lanzan ofertas para reforzar la plantilla ante el aumento del trabajo. Sin embargo, el año pasado solo se cubrieron tres de las treinta plazas ofertadas. Este verano, se han convocado veinte más, aunque desde el sindicato mayoritario advierten de que probablemente tampoco se ocuparán. “No hay alicientes. No se compensa la presión con mejoras laborales”, indican a este diario.
El malestar entre los agentes ha alcanzado un punto crítico. Según datos facilitados por el sindicato JUPOL, más de 200 funcionarios han solicitado el traslado en Algeciras, lo que representa más del 25% de la plantilla actual. “Estamos para aguantar, no para vivir”, denuncia el portavoz de Jupol. La presión operativa es constante, y la falta de recursos impide disfrutar de derechos básicos como las vacaciones o los permisos. Además, en verano se bloquean los traslados para mantener un mínimo operativo. “El refuerzo del que se presume es, en realidad, una plantilla en prácticas. Esa es la verdad”.
Desde el Ministerio del Interior, hay una respuesta distinta y hoy, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández intentará trasladar datos como: una subida salarial acumulada del 38% desde 2018 y una inversión de más de 1.000 millones en infraestructuras. Pero sobre el terreno, esas cifras no alivian la carga. “Nos hablan de récords, pero aquí seguimos igual: sin mandos, con procesos lentos y sin reconocimiento alguno”, replica el sindicato.
Más allá de las cifras, el factor humano también preocupa, a pesar de que no cope tantas líneas en las crónicas. Aparecen relatos crudos que viven muchos agentes. “Cuando llevas a tu hijo al colegio y está el hijo del traficante al que investigas, la situación cambia. Tu hijo sufre acoso. Tú te sientes expuesto. Se pierde el principio de autoridad” cuentan a Vozpópuli. Las agresiones a policías y guardias civiles se han normalizado, y la percepción entre los cuerpos de seguridad es que la respuesta judicial es insuficiente. “Pegarnos sale barato”, advierten, "solo son 60€ de multa".
El sindicato pide medidas concretas: que se declare la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, que se actualicen los catálogos de puestos de trabajo, que se refuercen los juzgados especializados en narcotráfico, y sobre todo, que se reconozca oficialmente el carácter de profesión de riesgo. “Somos fiscalizados al milímetro, pero cuando se trata de protegernos, no hay respuestas”.
La visita de los eurodiputados ha servido para visibilizar una realidad conocida por todos, pero abordada con lentitud institucional. Los sindicatos agradecen el gesto, pero insisten: “No puede quedarse en una foto. Hace falta un plan real”. Hoy finaliza esta ronda por Cádiz y Sevilla, en la que los eurodiputados se pregnan de la realidad que se vivida por muchos y olvidada por tantos.
