La Junta de Andalucía ha dado un paso más en el control de los órganos fiscalizadores a la istración regional. Tras los relevos en la plantilla de la Intervención que llamaron la atención en su momento, ahora se suma la reducción significativa de las competencias de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Todo ello, en plena investigación judicial por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia firmados durante y después de la pandemia y el fraccionamiento de contratos menores. La decisión, adoptada hace apenas dos semanas por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha levantado críticas de la oposición de izquierdas, aunque desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, intentan explicar que se trata de una “modernización en el sistema de auditorías”.
Lo cierto, es que esta remodelación supone nada menos que la retirada del control financiero permanente de los contratos del SAS, que representaban más del 80% del volumen económico de los expedientes que pasaban por la Intervención. A partir de ahora, esta responsabilidad pasará a los servicios centrales de la Intervención General de la Junta tal como adelantaba El País. La interventora del SAS solo conservará funciones de control previo del gasto, lo que implica una pérdida sustancial de influencia y capacidad fiscalizadora sobre uno de los presupuestos de mayor tamaño de la istración andaluza: 14.870 millones de euros en 2025, casi un tercio del total del presupuesto autonómico.
El cambio se produce mientras dos juzgados, en Sevilla y Cádiz, investigan el posible fraccionamiento ilegal de contratos y adjudicaciones irregulares por valor de casi 500 millones de euros. En este contexto, la modificación del sistema de control ha sido vista por la oposición como una maniobra para controlar el flujo de información hacia los tribunales. Hasta ahora, era la Intervención del SAS la que decidía qué documentación se remitía a los jueces. Con la nueva estructura, esa decisión recae directamente sobre la Intervención General, controlada por Miguel Ángel Figueroa, nombrado en enero por la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, con quien mantiene una estrecha relación profesional.
Figueroa asumió el cargo tras el cese de la anterior interventora general, María Antonia González, en un contexto de tensiones internas por el manejo de los expedientes relacionados con los contratos de emergencia. A su llegada, cesó a cuatro de los ocho jefes de división de la Intervención General, un hecho sin precedentes que debilitó el cuerpo fiscalizador. Aunque en aquel momento se aseguró que no se trataba de una “purga”, el contexto y las consecuencias han generado sospechas entre los propios interventores.
Desde el Gobierno andaluz se ha defendido la reestructuración como una medida para modernizar el sistema de auditorías y “poner al día” los controles financieros, argumentando que el SAS era la única unidad que no había separado sus funciones de intervención previa y control financiero permanente. La consejera de Economía y portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha negado que se haya vaciado de competencias a la interventora del SAS y subraya que el nuevo modelo supone un control “más profundo y exigente”.
Sin embargo, las críticas han ido en aumento desde el momento de la noticia. El PSOE ha denunciado lo que considera una estrategia del Gobierno de Juanma Moreno para silenciar a los funcionarios que estaban colaborando con la justicia y limitar el de los jueces a documentación comprometedora. También han cuestionado la paralización de auditorías por parte de la Cámara de Cuentas, especialmente la suspensión de la fiscalización de contratos menores adjudicados entre 2022 y 2023, votada conjuntamente por PP y Vox con el argumento de no interferir en la investigación judicial de Cádiz, que se centra en el año 2021.
Ha denunciado que se ha “amordazado” a la Intervención, se han colocado personas afines sin la preparación requerida y se ha maniobrado para evitar la supervisión de la Cámara de Cuentas, cuyo presidente, Manuel Alejandro Cardenete, también ha sido señalado por su papel en la modificación del reglamento interno que impide auditar los contratos fraccionados durante su etapa como consejero.
Desde Por Andalucía, la portavoz Inma Nieto cree que es un “boicot en toda regla” al provocar que el organismo quede “carente de competencias, como si fuese un florero” a la hora de decidir “que papeles mandarle al juzgado y cuando hay que mandárselo”. En la misma línea, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, lo ha calificado como una “barbaridad” que supone que “hay algo que se esconde” en el comportamiento del Gobierno andaluz.
Y todo ello, con el calendario cada vez más apretado hacia las elecciones andaluzas de 2026. Estas decisiones alimentan la idea de que no quieren ni un susto más antes de jugarse estar cuatro años más en San Telmo.
