Pese a que el Govern ha asumido que deberá gobernar sin presupuestos, el 'conseller' de Presidencia, Albert Dalmau, tendió la mano el sábado pasado a ERC y comunes para desencallar proyectos pese a la prórroga de las cuentas. En este contexto, el Ejecutivo ha acordado con los últimos multas de hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen su piso por un montante superior a un 30% al fijado en el Índice de Precios de Referencia o a los que sorteen la norma con un uso fraudulento del alquiler de temporada. "Era una condición imprescindible que pusimos los Comuns para negociar con el Govern de la Generalitat y hoy podemos decir que lo hemos conseguido", ha señalado la presidenta del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach.
Así, este "régimen sancionador robusto" incluye tres nuevas sanciones "muy graves", en palabras de los comunes, que ven con este acuerdo atendidas sus exigencias de máximos con respecto al problema de la vivienda. Esto es, fijar un precio de alquiler de una determinada vivienda por más de un 30% al marcado oficialmente, no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato o hacerlo de forma fraudulenta, y cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino en lugar de al propietario.
El acuerdo también establece que en los anuncios, la publicidad y los contratos de alquiler figure el Índice de Precios de referencia, en el caso de que el propietario sea un gran tenedor, y el precio del contrato anterior, en el caso de que sea un propietario más modesto. De la misma manera, socialistas y comunes han pactado la creación de una "ventanilla única" de denuncias en la página web de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aunque este régimen sancionador no puede tener carácter retroactivo, está previsto que se apruebe en el consejo Ejecutivo de este martes para que entre en vigor en cuanto se publique en el DOGC. Y en el plazo de un mes, deberá ser validado en el Parlament.
