La Mesa del Senado ha acordado este miércoles, de forma unánime, el despido fulminante de dos trabajadores de la Cámara por un indebido y no autorizado a los portafirmas digitales y documentación confidencial de senadores, de la Mesa y otros altos cargos del personal del Senado.
Los empleados implicados, identificados por sus iniciales como J.A.R. y N.M.G., han sido señalados por una presunta "infiltración masiva" en sistemas informáticos internos, motivando la apertura de un expediente disciplinario cuya gravedad ha llevado también a trasladar el caso al Ministerio Fiscal.
La decisión, adoptada a propuesta de la Letrada Mayor de la Cámara en una reunión ordinaria de la Mesa celebrada este 21 de mayo, se ampara en el artículo 35.4 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado. En el mismo se recoge la posibilidad de sancionar disciplinariamente al personal por hechos de especial gravedad.
Tras la deliberación y análisis de los hechos probados recogidos en el expediente, la Cámara ha concluido que los implicados incurrieron en una falta disciplinaria muy grave, contemplada en el artículo 33.4 a) del citado convenio: "fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas".
La actividad irregular consistió en el no autorizado a los portafirmas digitales -herramientas clave en el trabajo istrativo y legislativo diario- de diversos senadores y responsables de la institución, así como en la descarga de documentos, algunos de ellos de carácter personal, sin justificación profesional alguna.
El PSOE lo califica como una operación de "espionaje parlamentario"
Según fuentes socialistas, la infiltración se habría producido mientras estaban en marcha varias comisiones de investigación de alta sensibilidad y algunos de los senadores presuntamente espiados forman parte de dichas comisiones.
"Nos encontramos ante una vulneración muy grave de los derechos digitales de los parlamentarios", ha advertido el PSOE en un comunicado, en el que ha reclamado “una investigación exhaustiva sobre el alcance de la infiltración y el contenido exacto de los documentos accedidos”. A juicio del grupo socialista, lo sucedido podría comprometer no solo la intimidad de los senadores afectados, sino también "las garantías democráticas del trabajo parlamentario".
Aunque por el momento no se ha revelado el número exacto de parlamentarios cuyos datos han sido comprometidos, fuentes próximas a la investigación indican que el a los sistemas podría haberse prolongado durante semanas y afectado a decenas de documentos sensibles. La Cámara no ha descartado tomar nuevas medidas conforme avance la investigación judicial.
Desde Presidencia del Senado se ha querido subrayar que los hechos han sido tratados con "la máxima seriedad y celeridad" y que la remisión del caso a la Fiscalía responde al compromiso institucional con la legalidad y la protección de los derechos de todos los de la Cámara.
