En los últimos años se ha venido hablando de que subir el salario mínimo mejora la calidad de vida de los trabajadores y reduce la desigualdad. Sobre el papel, suena bien, claro. Pero como ocurre a menudo en economía, las intenciones no siempre se traducen en buenos resultados. Porque, ¿qué pasa si, al subir el mínimo, acabamos encorsetando el salario más común?
En 2023, el SMI en España se fijó en 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Y sí, ha mejorado en términos nominales, pero ese avance ha venido acompañado de un fenómeno inesperado: el salario modal en España, es decir, el más frecuente, ya no está por encima del mínimo, sino que coincide exactamente con el SMI. O dicho de otra forma, el suelo ha subido… pero el techo ha bajado.
En 2018, una buena parte de los trabajadores cobraba algo más que el SMI. Unos 100, 200 o incluso 300 euros por encima. Esa franja intermedia servía como colchón económico, como peldaño ascendente hacia la clase media. Hoy, ese peldaño prácticamente ha desaparecido: la mayoría de los trabajadores en 2023 (últimos datos disponibles de la distribución salarial) se agrupan justo alrededor del salario mínimo. Se ha convertido, no ya en una red de seguridad, sino en una plataforma de aterrizaje forzoso para millones de empleos.
¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando el coste mínimo legal de un trabajador sube de forma abrupta, muchas empresas -especialmente pymes, hostelería y comercio- ajustan su política salarial al nuevo mínimo. La capacidad de pagar algo más se ve limitada por los márgenes de negocio.
No se trata de estar en contra del SMI per se. Pero sí conviene señalar que el salario mínimo ha subido mucho más rápido que la productividad media del trabajo. Mientras que los aumentos de productividad han sido casi nulos (y en algunos sectores, inexistentes), el SMI ha escalado posiciones como si la economía hubiera duplicado su eficiencia. Y no, no lo ha hecho.
Si un salario mínimo sube por ley sin que lo haga la productividad, ese ajuste solo se sostiene de tres maneras:
- Reduciendo márgenes empresariales, lo que afecta a la inversión y a la contratación futura.
- Trasladando costes al consumidor, lo que deriva en un empobrecimiento generalizado.
- Recortando empleo o sustituyendo trabajo cualificado por menos cualificado, lo que distorsiona la estructura laboral.
Ninguna de estas tres alternativas es precisamente el camino hacia un crecimiento sostenible.
Paradójicamente, la consecuencia de querer mejorar las condiciones de los trabajadores puede acabar perjudicándolos. Pensemos en un joven con estudios que entra al mercado laboral: en lugar de aspirar a 1.200€ o 1.300€, se le ofrece directamente el SMI, porque la empresa ya no tiene margen para pagar más, ni incentivo para diferenciar. Ya no me quiero imaginar alguien que aporte 1.000€ y no pueda ser contratado. Al final, resulta tan absurdo como prohibir ser autónomo si no se factura más que el salario mínimo.
El resultado de todo esto es un achatamiento de la pirámide salarial. Se estrecha la distancia entre los perfiles poco cualificados y los cualificados con experiencia. Y eso desincentiva el esfuerzo formativo y la movilidad laboral ascendente.
Subir el SMI ha sido una medida popular y políticamente rentable. Pero como tantas decisiones económicas, su análisis debería ir más allá de la búsqueda de votos. Hoy, más trabajadores que nunca cobran exactamente el salario mínimo. Hay que medir los efectos secundarios. Porque si el salario mínimo se convierte en el salario modal, estaremos confundiendo el progreso con el estancamiento.
No entramos en los informes del Banco de España que señalan la cantidad de puestos de trabajo que se han destruido. No. Vamos a algo mucho más elemental. La clase media se está convirtiendo en el salario mínimo. Y eso es un problema.
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