La Fiscalía ha vuelto a comprar el discurso de Moncloa y ha solicitado archivar la causa contra García Ortiz por falta de pruebas. Así, el Ministerio Público ha recurrido la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta revelación de secretos contra el novio de Ayuso.
De acuerdo con la Fiscalía, el magistrado ha obviado pruebas clave y ha interceptado otras "sin sustrato probatorio", como las supuestas órdenes de Moncloa. Se da la circunstancia de que los fiscales que ejerzan el Ministerio Público durante el juicio oral que previsiblemente se abrirá el próximo otoño serán subordinados directos de García Ortiz, lo cual añade un plus de anomalía al hecho de que el fiscal general no haya dimitido todavía después de haber sido procesado días atrás.
Además, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, se ha saltado la posible revisión del propio instructor y ha presentado el escrito del recurso directamente ante la Sala de Apelación. Según la 'número dos' de Fiscalía, Hurtado ha reconocido en el juicio que, antes de la presunta filtración de Álvaro García Ortiz, el rumor "de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador de reconocer la comisión de dos delitos fiscales" ya circulaba por los medios de comunicación.
Sánchez Conde se acoge también a declaraciones de la UCO que, según la teniente fiscal, reconocieron "que una pluralidad de personas conocían" los presuntos delitos de la pareja de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, previo a la filtración del correo. Sobre esto, incide en que varios periodistas testificaron que "poseían la información referida al correo de fecha 2 de febrero de 2024 con antelación a que el mismo fuese remitido al fiscal general del Estado".
De hecho, acusa a Hurtado de usar un "argumento reduccionista" por deducir que las únicas "fuentes jurídicas" a las que hizo alusión la Cadena SER al informar del citado 'email' la noche del 13 de marzo podían ser la Fiscalía o el abogado de González Amador, al que descartó en base al testimonio del propio letrado, Carlos Neira.
Apunta a la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid
Fiscalía ha señalado asimismo en su escrito que había sido acreditado en la causa que dicho correo había sido remitido también a la Abogacía del Estado ese mismo 2 de febrero de 2024. La 'número dos' de Fiscalía apunta además a la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, como conocedora de la información, entre otros "ejemplos".
Sánchez Conde incide en que Lastra le comunicó a García Ortiz que "la información estaba circulando" y este "conocimiento" posibilitó que el fiscal general del Estado pudiese remitir posteriormente los presuntos e-mails, a pesar de que "sabía que era falsa".
La Fiscalía se detiene en este punto para refutar la afirmación de Hurtado de que desmentir la información que publicó 'El Mundo' a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 -que decía que era el fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda quien había ofrecido pactar a González Amador, en vez de al revés, como reflejó el 'email' de 2 de febrero- era irrelevante.
La 'número dos' sí considera "trascendente" que en esa misma publicación se dijera "que había órdenes de retirar ese inexistente pacto de conformidad ofrecido por la Fiscalía al señor González Amador, órdenes que tampoco se habían producido".
Sin prueba de la presunta filtración
El principal escudo de la Fiscalía en esta solicitud es la falta de pruebas. Según defiende, la UCO itió no haber obtenido ningún hecho concluyente respecto a la filtración presuntamente realizada por García Ortiz, así como que "tampoco existe prueba alguna del concierto" entre él y Rodríguez "para llevar a cabo dicha filtración".
Además de señalar lo que entiende como omisiones graves en el relato de Hurtado, Sánchez Conde reprocha que hable de "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general del Estado" porque "se introduce 'ex novo'", "sin ningún sustrato probatorio y con clara indefensión de los investigados".
La 'número dos' de la Fiscalía también recrimina al magistrado que "ninguna prueba se ha propuesto para acreditar o desvirtuar tal extremo" y que "en ningún momento se haya preguntado a los investigados ni se les haya informado de tal imputación". A juicio de Sánchez Conde, todo ello "vuelve a patentizar que la instrucción de la causa no se ha acomodado a las garantías procesales ni constitucionales que deben presidirla".
MataNarcisos
14/06/2025 20:57
EL PROCESADO FISCAL GENERAL, DA ORDENES A SUS SUBORDINADOS, PARA QUE DIGAN QUE NO HAY QUE JUZGAR AL FISCAL GENERAL.............. O SEA, TENEMOS UNA FISCALÍA GENERAL CAPICUA...... Pero cuando pararán de hacer el más ESPANTOSO RIDÍCULO.