Economía

Operación Escribano: Moncloa lleva al límite la intervención en el Ibex entre sospechas de pelotazo

El intento de fusión de Escribano por parte de Indra, 'patrocinado' por el Gobierno, amenaza con provocar un serio conflicto de intereses

  • El presidente de Indra, Ángel Escribano. -

El polígono de Coslada donde echó a andar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) tenía de todo menos 'glamour'. En una de las naves, al noroeste de Madrid, se instaló Ángel Escribano a finales de los 80, para fabricar piezas metálicas de automoción. Sus dos hijos, Ángel y Javier, reorientaron más tarde las instalaciones hacia el negocio de la Defensa. Con un resultado que pocos vecinos de la nave podían imaginar: EM&E tiene hoy sobre la mesa una propuesta de compra de Indra, la multinacional del Ibex que preside el propio Ángel Escribano y en cuyo consejo de sienta su hermano Javier

Esos nexos bastan para sobresaltar a cualquier experto en gobierno corporativo. Pero la paradoja va mucho más allá. La controvertida operación empresarial está patrocinada por el Gobierno, principal accionista de Indra a través de la SEPI. Y se ha activado justo después de que Pedro Sánchez anuncie un plan de inversión en Defensa que movilizará más de 10.000 millones de euros. El principal beneficiario de esa estrategia será, precisamente, Indra, que absorberá una parte importante de los contratos por su condición de empresa nacional puntera. Al igual que EM&E, que ya actúa como proveedor del Estado y de la propia Indra. Todo queda en casa.

Los hermanos Escribano, con olfato demostrado para los negocios, han escalado desde el polígono de Coslada a las moquetas del Ibex. Y aún más allá: hasta el parqué inmaculado del Palacio de La Moncloa. El intento de compra de EM&E forma parte de un plan de mayor alcance. El objetivo del Gobierno es fortalecer a Indra con contratos públicos y adquisiciones de activos, para crear un campeón nacional de Defensa, necesario en un entorno geopolítico tan incierto como el actual. El siguiente paso consistiría en desgajar los activos ajenos al negocio armamentístico. El gran candidato a engullirlos es Telefónica. La operadora también tiene a la SEPI como accionista y está presidida por Marc Murtra, quien precedió a Escribano en la presidencia de Indra. Todo está interconectado. 

Telefónica, Indra y la SEPI son los tres vértices de un triángulo dibujado en La Moncloa, que dan a su principal inquilino -Pedro Sánchez- enorme capacidad de influencia en el Ibex 35. La gran sospecha que flota en la clase empresarial es si ese grado de intervención está sobrepasando demasiados límites. El papel de los Escribano como compradores y comprados puede generar un conflicto de intereses. Y eleva el riesgo de 'pelotazo' empresarial.

Logotipo de EM&E en la sede de la compañía.

Logotipo de EM&E en la sede de la compañía.

El ascenso de los hermanos Escribano

Los dos hermanos han protagonizado un despegue fulgurante en pocos años. En 2019, facturaban en torno a 45 millones de euros. Este año, prevén superar ya la barrera de los 400 millones. EM&E cuenta hoy con más de 1.300 empleados en nómina y centros productivos en Madrid, Valencia, Córdoba, Cádiz, Huesca Asturias. El valor de la compañía subió como la espuma en plena pandemia, sigue creciendo en el presente y afronta un futuro más que prometedor, gracias a las exigencias de inversión de la OTAN a sus socios. 

De momento, sólo hay un hecho concreto en el proceso de compra. Indra ha encargado a KPMG que haga un análisis de los activos de EM&E. Es el paso previo a la formulación de una oferta firme. El equipo financiero de Indra tendrá que hacer una valoración de su proveedor, que debe ser aprobada por el consejo de istración. Tras salir a la luz el encargo a la consultora, como adelantó Expansión, EM&E aseguró que "no está en venta" y que, en cualquier caso, vale más de los 1.000 millones que se rumorean en el mercado. 

Si el Gobierno opta por seguir adelante, el consejo de Indra, presidido por Ángel Escribano, aprobará la oferta concreta por la empresa que preside su hermano Javier. Para intentar esquivar el probable conflicto de intereses, los dos hermanos podrían abstenerse en la votación. Sin embargo, la operación no debería afrontar excesivos obstáculos, gracias al peso de la SEPI en el capital. El holding público tiene un 28% y tres consejeros dominicales: el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián; y los ex diputados socialistas Antonio Cuevas ​y Juan Moscoso.

Cúpula directiva de Indra.

Escribano, junto a la cúpula directiva de Indra. / EP

El siquiente bloque accionarial es el de la familia Escribano (14,3%), seguido de SAPA (7,9%) y Amber Capital (7,2%). Este último es el fondo fundado por Joseph Oughourlian, que tiene como representante en el consejo a Pablo Jiménez de Parga. También es el único que puede plantear objeciones a la operación. El consejero de Amber Capital se opuso en la reciente votación para aprobar la compra de Hispasat. Y lo más importante: Oughurlian ocupa hoy un lugar preferente en la lista de 'enemigos' de Moncloa, por su 'rebelión' en Prisa.

El papel de la CNMV

Entre los directivos y asesores que siguen de cerca estos movimientos, hay gran expectación por el papel que puede jugar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El organismo que preside Rodrigo Buenaventura se ha mantenido al margen en otras operaciones en las que ha intervenido el Gobierno.

El caso más reciente es el de Talgo. Moncloa se interpuso en el proceso de venta, frenando dos ofertas: la de la húngara MagyarWagon y la de la polaca PFR. Dejó vía libre así a la vasca Sidenor, que ofrecía menos dinero por el fabricante de trenes. Un claro favor al PNV. El organismo que vigila los mercados tampoco tuvo ningún protagonismo en el desembarco gubernamental en Telefónica, que provocó un terremoto en el accionariado y concluyó con el 'despido' de José María Álvarez Pallete.

Tres de los cinco consejeros de la CNMV son próximos al Ejecutivo. En la misma mesa se sientan Mariano Bacigalupo, esposo de la comisaria europea (y ex vicepresidenta) Teresa Ribera; Paula Conthe (secretaria general del Tesoro) y Soledad Núñez (subgobernadora del Banco de España). En el caso de que la operación de Indra siga su curso, en sus manos está dilucidar si perjudica al resto del capital. Los pequeños accionistas también tienen sus propios intereses y pueden entrar en conflicto con lo que se decida en la sede de Indra, afincada en La Moraleja, a 18 kilómetros del polígono de Coslada donde empezaron los Escribano.

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