Tradicionalmente, los servicios sociales en Cataluña habían gozado de un gran prestigio. A principios de esta década, por ejemplo, los relativos a Barcelona fueron escogidos por una encuesta como los mejores de España en términos de inversión, atención a los afectados y ayudas económicas. Y, en pleno conflicto por el reparto de menores no acompañados el pasado marzo, se justificó que Cataluña acogiese a menos jóvenes que el resto de España por haber realizado mayores "esfuerzos" en el pasado —una comparativa que, finalmente, se reveló falsa, tal y como contó 'Vozpópuli'—. Sin embargo, el crédito acumulado por la comunidad se está evaporando a marchas forzadas tras conocerse los últimos escándalos protagonizados por una de sus instituciones emblemáticas: la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).
El más reciente es el caso de una niña de 12 años tutelada por la institución que fue violada repetidamente por un electricista de 45 años. El hombre, además, la ofrecía a otros a través de una aplicación de citas para que estos practicasen sexo con ella de forma colectiva. La pregunta que se formula en estos momentos la fiscalía y la opinión pública es por qué la Generalitat tardó dos años en descubrir lo que estaba sucediendo, teniendo en cuenta que la menor vivía en un centro de menores tutelado por la DGAIA en Hospitalet de Llobregat, lugar donde la conoció el presunto violador en el año 2020. Según han explicado los trabajadores del centro, estos empezaron a sospechar por que la niña desaparecía con frecuencia del centro y por el uso que hacía de su teléfono móvil —los menores que no recalan allí por decisión judicial disponen de libertad de movimientos—.
Según el escrito, el hombre estableció o con ella a través de las redes sociales, ganándose su confianza y obteniendo entre mayo 2020 y octubre 2021 41 fotografías de la menor desnuda o masturbándose. Meses después, logró que la niña acudiese a su casa, donde la persuadió para mantener relaciones sexuales. A partir de entonces, los encuentros se repitieron, comerciando el acusado con fotografías de la niña en webs de pedófilos y ofreciéndola, como se ha dicho, para practicar sexo en grupo. Hasta el momento, se han podido documentar 16 violaciones cometidas por diferentes hombres, si bien las conversaciones captadas por los investigadores apuntan a un total de 30. El Ejecutivo ha mostrado "consternado" antes unos hechos que ha tildado de "execrables", pero ha evitado ofrecer explicaciones hasta que finalice la investigación.
Contratos amañados
Este escándalo llega, además, tras destaparse una trama de corrupción que afecta de pleno a la Dirección de Infancia. Y es que, según la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, la DGAIA estuvo favoreciendo a fundaciones privadas con contratos y subvenciones otorgadas 'a dedo' entre 2016 y 2020, periodo en que la Generalitat la ocuparon los Ejecutivos neoconvergentes de Torra y Puigdemont pero cuya 'consellería de Derechos sociales —DGAIA incluida— se encontraba en manos de Esquerra.
En concreto, la investigación relevantes irregularidades como la adjudicación de contratos a fundaciones afines sin procesos de licitación público por valor de 98 millones de euros —valiéndose para ellos de mecanismo de emergencia—, prórrogas de contrato automáticas por 88 millones, aumentos de gasto injustificados y diversos sobrecostes presupuestarios. Según la sindicatura, la mayoría las ayudas irregulares fueron a parar a Plataforma Educativa, un conglomerado que incluye a una decena de fundaciones y que ha gestionado más de 300 millones de euros entre 2016 y 2023. Los hechos, por lo demás, afectan presuntamente a los 'exconsellers' de Acción Social, Dolors Bassa y Chakir El Homrani; así como a los distintos directores que desfilaron por la DGAIA: Ricard Calvo, Georgina Oliva y Ester Cabanas —todos ellos republicanos—. Y aunque el PSC no estuvo involucrado, la oposición le ha reprochado no facilitar el esclarecimiento del caso por su actual dependencia parlamentaria de ERC.
