La Comisión Europea investiga al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón por su "inacción en la protección de la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos" en la DANA. Esta tarea se la ha encomendado el Parlamento Europeo, que después de registrar el pasado noviembre una denuncia contra ambos Ejecutivos, que adelantó Vozpópuli, acaba de considerarla "isible" por considerar que el asunto "entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea". La Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que "lleve a cabo una investigación", según muestra el documento al que ha accedido este periódico.
Este análisis puede implicar a la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
Entre los posibles efectos del proceso, cabe enumerar sanciones y multas, suspensión de fondos europeos, indemnizaciones, medidas correctivas y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según explica el peticionario, Iván Esteve Girbes, que recueda que en la Jurisprudencia comunitaria hay sentencias condenatorias sobre asuntos parecidos.
La denuncia contra ambos Ejecutivo es apartidista y se sitúa en el plano técnico y de los derechos. Solicita que se les investigue por su "inacción en la protección de la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos". En el caso del Gobierno de Sánchez, la denuncia advierte de que el Estado debe intervenir cuando los recursos autonómicos son insuficientes para gestionar la emergencia y garantizar la seguridad pública y que debió activar el Nivel 3 de emergencia.
También aprecia "dilación en la movilización de recursos estatales, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME)", lo que avisa de que "evidencia un incumplimiento grave de las obligaciones legales, así como una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este incumplimiento no solo expuso a los ciudadanos a riesgos evitables, sino que comprometió su derecho a la vida, la integridad y la seguridad, lo que constituye una infracción de la normativa europea y nacional que protege estos derechos".
La petición de investigación "pretende evidenciar la falta de medidas preventivas adecuadas y la deficiente respuesta de las autoridades, lo que ha generado graves perjuicios y ha puesto en riesgo la vida de un elevado número de personas". Las omisiones en la activación de recursos y la insuficiente coordinación representan una vulneración de derechos fundamentales, específicamente los derechos a la vida, integridad, y seguridad, consagrados en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), así como en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), concreta.
Además, añade, "la falta de una respuesta adecuada constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos por España en virtud de estos instrumentos jurídicos, que exigen que los Estados adopten las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos ante riesgos predecibles". Señala incumplimiento de las normativas nacionales, particularmente de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, que agrava la responsabilidad de las autoridades.
La Ley 17/2015 establece el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado debe intervenir cuando los recursos autonómicos son insuficientes para gestionar la emergencia y garantizar la seguridad pública, añade. En este caso, "el Gobierno central, con conocimiento de la situación y de la gravedad del caudal de los ríos, no activó el Nivel 3 de emergencia, tal y como exigía el Plan Estatal, lo cual representa un incumplimiento de sus deberes de coordinación".
Superado el umbral crítico
El escrito contiene un cronograma detallado de los hechos. Hacia el mediodía -alrededor de las 16:00 horas-, señala que la atención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y otros organismos se concentró en la presa de Forata, donde la situación era alarmante. Según la CHJ, había riesgo de ruptura de la presa, lo cual ponía en peligro a aproximadamente 5.000 personas aguas abajo. En este contexto, la CHJ explicó que el seguimiento del barranco de Poyo era responsabilidad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, mientras que su atención en ese momento estaba centrada en monitorear y aplicar los planes de emergencia de presas, especialmente en Forata.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informó de un aumento significativo en el caudal del barranco de Poyo a las 18:43 horas, prosigue, aunque este caudal ya había superado el umbral crítico de alerta casi una hora antes. La CHJ ha respondido a las dudas sobre la demora en la notificación señalando que el equipo técnico estaba ocupado en la monitorización y gestión de la emergencia en grandes ríos y presas, en concordancia con el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana (GVA). El organismo sostiene que el aviso correspondiente se envió tras la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), a las 18:30 horas, cuando la CHJ detectó una crecida instantánea en el barranco de Poyo, reseña sobre las alertas.
Es concluyente para la denuncia "una grave omisión por parte de las autoridades competentes en la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a pesar de que existen mecanismos legales claros que facultan dicha intervención". La UME se desplegó en Utiel sobre el mediodía, como así figura en el cronograma de la denuncia, pero solo un contigente de 150 efectivos. Pese a tener los mecanismos adecuados para una activación preventiva, no se hizo. El argumento oficial es que se requería autorización de la Generalitat, y eso no es así. De forma autónoma podían desplegarse.
Este hecho constituye una "negligencia istrativa que ha afectado la eficacia de la respuesta ante la emergencia, dado que la UME, como órgano interinstitucional de apoyo a las emergencias, tiene la capacidad de activarse de forma inmediata y autónoma. La istración pública, al no activar los recursos pertinentes, ha vulnerado el marco normativo vigente, lo que ha impedido una respuesta más efectiva y ha generado un perjuicio directo en la gestión de la crisis".
"A pesar de las alertas meteorológicas previas y las condiciones extremas anunciadas, las autoridades locales, autonómicas y nacionales no adoptaron las medidas preventivas adecuadas", concluye.
kjlm10
02/04/2025 14:35
"las condiciones extremas anunciadas": Se establece alerta roja cuando las precipitaciones esperadas en 12 h superan los 180mm de lluvia (según AEMT en su plan de Meta-alerta). En este caso, se superaron 770mm de precipitación en la estación automática de Turís. Han habido al menos 8 alertas rojas (previsión de más de 180mm de precipitación en 12 h)en la zona de Valencia durante 2024. El nivel rojo de las alertas no discrimina las 'habituales' con pocas incidencias mortales de las 'extraordinarias' con posibles victimas numerosas (riada de Valencia 1957, Pantanada de Tous 1982, Dana de Buñol/chiva 2024). Y además, todos mirando al rio Magro y su pantano en Forata. -------------------Esperemos que la investigación llegue al final de las causas y recomiende un plan de acción corrector. En cualquier caso, su diagnóstico y su plan de acción llegará muy tarde cuando 'el relato' de la banda de Sanchez haya producido graves distorsiones en la opinión pública. -----------Espero que esa comisión de investigación quede lejos del alcance de la vicepresidenta y su manipulación. --------------También espero que Compromís, socio de gobierno de Sanchez, y por tanto co-responsable de la inacción inicial y de la gestión de las ayudas deje de manipular a la opinión pública.