El pasado martes 20 de mayo expiró el tiempo para que las Comunidades Autónomas entregasen al Gobierno central el número de menas que tienen acogidos, de cara al inminente reparto de 4.400 menores no acompañados por toda España.
Aunque a regañadientes, y con la batalla política presentada por Aragón, las autonomías ya han cifrado este montante. El próximo 28 de mayo se celebrará la Comisión de Infancia y Adolescencia, último peldaño antes de la Conferencia Sectorial donde Moncloa pondrá, de nuevo, contra la pared a las regiones, obligándolas a 'tragar' con sus imposiciones.
Sin embargo, la realidad es que el Gobierno de Sánchez, una vez aprobado por vía de urgencia el decreto migratorio y con el reglamento de extranjería en vigor desde el pasado martes, tiene vía libre para mandar a los menores no acompañados que considere a los diferentes territorios en la cantidad y plazos que decidan.
Esto es algo que preocupa y mucho a la Comunidad de Madrid, a la cual el PSOE y Junts pactaron, de espaldas del país, enviarle 800 menas de los 4.400 que hay que atender. En 2024, la capital atendió a 2.442 menores no acompañados, los cuales, sumados a los recibidos en 2025 por vía Barajas y Canarias, sitúan a la red de cuidados sociales en el 132% de su capacidad.
Una saturación que se va a incrementar en los próximos días, cuando llegue la nueva remesa de menores no acompañados. Conscientes de la impunidad y falta de empatía de Moncloa con este asunto, existe un temor real en Sol de un envío masivo de menas, sin previo aviso, que ponga patas arriba, más si cabe, el delicado sistema de atención que Madrid financia casi al completo con dinero propio.
La cantidad de menores y el día que llegarán será un misterio, y ahí reside la inquietud. En que sea tan de golpe que se complique la distribución de estos 800 menores por la región.
Por ello, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, lleva un tiempo adecuando los diferentes centros de primera acogida de la región, lo que incluye la adecuación de infraestructuras y ampliación de aforo. Famoso es el caso de La Cantueña, el cual, tal y como adelantó en primer lugar el diario El Mundo. Misma senda que siguen emplazamientos como el de Hortaleza o Casa de Campo.
Con esto no creen que sea suficiente, ya que 800 menores es una cantidad enorme, sobre todo con el número de centros actual. Por lo que la creación de nuevos centros de primera acogida es una idea que está encima de la mesa, pero la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida por Ana Dávila, tiene muchos frentes que atender.
Enfrentamiento entre Sira Rego y las autonomías
La ministra del ramo, Sira Rego, reunió por última vez la sectorial de Infancia el pasado 5 de mayo. Una cita marcada por las críticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular -y de Castilla - La Mancha, en manos del PSOE- por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.
Ese día, tras suspender una votación entre los consejeros al ver que la oposición del PP y la socialista castellanomanchega iban a votar en contra, Rego afirmó que "el Ministerio busca dar una solución urgente a la situación de los niños y niñas migrantes en Canarias y Ceuta, por lo que no hay ninguna razón para no facilitar estos datos".
La dirigente de Izquierda Unida pidió "altura de país" a las comunidades autónomas, que acudieron a la cita, pese a que lo hicieron a ciegas, sin ningún tipo de información previa por parte del ministerio ni voluntad de negociar antes lo que ya habían pactado el Ejecutivo y Junts.
Desde Moncloa insistió en que se continúa con la tramitación normativa del Real Decreto-Ley para la acogida solidaria que "prioriza los derechos de la infancia y no deja atrás a ningún territorio", tras su convalidación en el Congreso de los Diputados en el pasado 11 de abril.
