La cancelación del contrato que iba a suministrar 15 millones de balas a las unidades de la Guardia Civil está dejando importantes efectos adversos. El primero de ellos viene provocado por orden del instituto armado de asegurar una reserva de munición mientras se licita un nuevo contrato. Esta situación ha obligado a varias unidades a limitar los cartuchos que pueden disparar en sus prácticas de tiro entre un 20 y un 30 %, según revelan fuentes de la Guardia Civil.
Detallan los agentes que han recibido instrucciones de reducir de 25 a 20 los cartuchos destinados a los entrenamientos cada seis meses. Así, los guardias civiles ya disparan en sus prácticas de tiro menos munición que el personal de seguridad privada, que por normativa tiene establecido un mínimo de 25 cartuchos cada seis meses. Este escenario ha provocado un notable malestar en el instituto armado, incluso entre los mandos operativos, ya que afecta de forma directa en la preparación de los agentes para enfrentarse a las situaciones de mayor riesgo.
El pasado mes de octubre, el Ministerio del Interior aseguró que iba a dejar sin efecto el contrato para la compra de 15,3 millones de balas del calibre 9mm que había adjudicado a la filial española de la fabricante israelí IMI Systems, pero ocultó que finalmente siguió adelante con el procedimiento. La adjudicación se formalizó y, debido a la polémica, el propio Pedro Sánchez ordenó a Interior que revocara el procedimiento.
Tras estudiar las posibles alternativas, Moncloa anunció que la Junta de inversión de material de doble uso denegaría a Guardian Homeland Security SA, la empresa afectada, el permiso de importación de este material a nuestro país "por razones de interés general" y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindiría el contrato. La documentación iba firmada por el ya ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al que el ministro Fernando Grande-Marlaska fulminó en plena polémica por la ofensiva contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Por el momento, Interior no ha publicado ninguna nueva licitación para adquirir un material que en su día calificó como "necesario". De hecho, se cree que pueda retrasarse hasta el año 2027. Esta situación ha provocado "recortes" en el uso de la munición destinado al entrenamiento de los agentes, que ya de por sí consideraban "insuficiente". Las fuentes consultadas denuncian además que las intervenciones en las que se ven obligados a hacer uso de han ido en aumento debido a la evolución de la criminalidad.
Prueba de ello son recientes intervenciones en las que han tenido que neutralizar a atacantes que les amenazaban con armas blancas y o de fuego. En una ocurrida hace apenas dos meses, una patrulla de Gran Canaria disparó en la pierna a un hombre que blandía un cuchillo tras una riña familiar.
Menos balas que los vigilantes de seguridad privada
Para dimensionar el problema, las fuentes consultadas denuncian que algunas unidades ya disparan menos balas que los vigilantes de seguridad privada en sus prácticas de tiro pese a que este personal está menos expuesto a situaciones de riesgo. De hecho, el uso del arma de fuego sólo está permitido a un pequeño porcentaje de los vigilantes, aquellos que cuenten con la licencia de armas Tipo C y protejan dinero, objetos peligrosos o espacios de especial valor.
El uso de este tipo de armas en el ámbito de la seguridad privada está regulado por una orden del Ministerio del Interior que entró en vigor en el año 2011. En el texto se establece que "los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas, efectuarán un mínimo de 25 disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus funciones".
Tras conocer esta información, la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha abierto una consulta a sus para conocer "el número de ejercicios de tiro y la forma en que se desarrollan" en las diferentes unidades del instituto armado.
