La crisis interna en el Tribunal Constitucional derivada de las discrepancias entre magistrados y el intento del presidente de frenar que los jueces nacionales puedan acudir a Europa cuando no estén conformes con sus sentencias sigue dando de qué hablar. En medio de esa creciente tensión, la Corte de Garantías ha publicado una licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que anuncian que están buscando a una empresa que, por valor de 25.550 euros -30.000 con IVA- les suministre de carpetas clasificadoras.
El objetivo es conseguir unas carpetas de cartulina, de 250 gramos de peso en colores naranja butano, azul océano y blanco. Según se detalla en uno de los anexos, con el importe previsto se estima la adquisición de 18.250 unidades de este material de papelería. Esta la licitación se publicó el pasado 7 de abril, justo un día antes de que el Pleno se reuniese para debatir sobre las intenciones de Cándido Conde-Pumpido.
Y es que, la última maniobra del presidente ha sido intentar impedir que los jueces puedan cuestionar las sentencias del Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta idea de Pumpido surgió cuando la Audiencia Provincial de Sevilla anunció su intención de acudir a Luxemburgo al considerar que las resoluciones emitidas por la Corte de Garantías en relación con los ERE de Andalucía podrían ir en contra del Derecho de Unión. Sopesó solicitar a los letrados un informe de la institución para aclarar si realmente los jueces nacionales pueden desoír sus sentencias.
Cabe recordar que el TC anuló las sentencias condenatorias por delitos de malversación y/o prevaricación a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros altos cargos del PSOE andaluz, a quienes la Audiencia Provincial les había atribuído el desvío de casi 680 millones de euros por el reparto arbitrario y opaco de ayudas de la Junta a empresas en crisis.
La mayoría progresista del TC alegó que la Audiencia -y el Tribunal Supremo después- habían hecho una "interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal".
Los informes avalaban ir al TJUE
Mientras esta licitación sobre las carpetas se estaba fraguando, los magistrados del TC estaban escandalizados con su situación interna, ya que, si la intención del presidente de vetar a los jueces en Europa salía adelante, anularía también al Supremo en su lucha contra la amnistía. La situación era tan tensa que incluso dos magistrados, César Tolosa y José María Macías, decidieron adelantarse a Pumpido y encargaron a sus letrados informes para ver si realmente se les podría impedir tal derecho.
Y la respuesta fue clara: Cándido Conde-Pumpido no puede impedir que un órgano jurisdiccional inferior plantee una cuestión prejudicial a Europa cuando considere que la sentencia emitida choca con el Derecho comunitario. Pero el presidente buscó apoyos a la desesperada y decidió incluir en el Pleno del 8 de abril un debate jurídico sobre este asunto. Algo que, según precisaron fuentes a este digital, era algo inédito porque, cuando necesitan hablar de algo informal, es decir, que no tiene que ver con un auto o una sentencia, estos “debates” tienen lugar en el despacho del presidente.
Pero Pumpido no ha logrado su objetivo. Dio marcha atrás en su operación contra los jueces del caso ERE cuando supo que sería derrotado.Incluso el lunes pasado confirmó públicamente en un desayuno informativo convocado por el Ateneo de Madrid que no iba a intentar frenar a la Audiencia de Sevilla. No obstante, desde el TC informaron hace unos días que la reflexión sobre este asunto continúa al ser un tema "complejo y en evolución", por lo que el debate sigue abierto.
MataNarcisos
16/04/2025 08:56
Son tremendamente necesarias, para archivar tanta vergüenza !!