El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que interpuso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por llamarle "delincuente confeso". Los magistrados enmarcan estas declaraciones en una "crítica política" y alegan que tenían una "base fáctica razonable" al haberse ofrecido su abogado a reconocer dos delitos fiscales para llegar a un posible acuerdo con la Fiscalía en un correo electrónico.
La Sala de lo Civil del alto tribunal concluye en su resolución que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una "crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables (o lo que algunos pueden legítimamente considerar como socialmente reprochable)". Entre líneas, se entiende como una referencia a los casos de corrupción que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pese a desestimar la demanda de González Amador, los magistrados rechazan la "inviolabilidad" de María Jesús Montero, la cual requiere que las expresiones se formulen "en el ejercicio de la actividad parlamentaria o, si se profieren fuera de dicha actividad, sirvan para la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenecen", recalca el auto.
La Sala cree que que sobre las declaraciones de la también ministra de Hacienda y Función Pública concurren los "elementos legitimadores" de la libertad de expresión. Destacan los magistrados que las manifestaciones versan sobre una "cuestión de interés general" y afectan a una "persona de relevancia social" (la pareja de una importante política, la cual es, en realidad, la destinataria última de la crítica). Asimismo, señalan que no utilizó "insultos o expresiones injuriosas", y que las declaraciones tienen una "base fáctica razonable" (que no quiere decir que sea exacta) y han sido realizadas por una persona que es diputada electa.
Montero llamó "delincuente confeso" a González Amador
González Amador interpuso la demanda contra Montero después de que la vicepresidenta primera hiciera varias referencias a su proceso penal durante una sesión de control del Gobierno en el Senado, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo. En concreto, hubo siete afirmaciones que llevaron a la pareja de Ayuso a acudir a los tribunales. La ministra de Hacienda pidió explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid por estar viviendo en un domicilio que se había pagado "defraudando a la Hacienda Pública pagado con comisiones de mascarillas". También llamó a su pareja "delincuente confeso".
Cuando acudió al Tribunal Supremo para ratificar su demanda, González Amador, a través de su abogada, señaló que las declaraciones realizadas por Montero "son falsas porque no ha sido condentado". La letrada Guadalupe Sánchez recalcó que "ni se ha producido confesión alguna ni se ha producido ninguna confesión con el Ministerio Fiscal". Además, concretó que las palabras vertidas por Montero sobre su defendido no eran espontáneas puesto que no habían tenido lugar en una intervención ante la prensa.
