BBVA activó hace meses la diplomacia en Bruselas para defender la opa al Sabadell. El grupo de La Vela intensificó los os con la Comisión Europea (CE) a raíz de la investigación abierta sobre la posible injerencia política en la operación, desvelada por Vozpópuli el pasado 23 de octubre de 2024. El plan de Carlos Torres: marcar los límites al Gobierno ante la amenaza real de entrometerse en la opa, según trasladan a Vozpópuli distintas fuentes financieras y jurídicas.
Fuentes oficiales de la entidad no hicieron comentarios al respecto. Desde que BBVA lanzó la opa hostil en mayo de 2024, el Gobierno defiende sin fisuras un rechazo contundente a la operació. La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 otorga al Ministerio de Economía el poder de imponer condiciones por razones de interés general o seguridad nacional, en la conocida como fase 3.
Como denuncian los técnicos de la CNMC, la operación se debió aprobar en primera fase como ocurrió con la compra de Bankia por parte de CaixaBank. Pero la presión política ha ido alargando el examen hasta su aprobación con condiciones asumibles para BBVA, si bien dando pie a que la última palabra la tuviera el Gobierno.
- Bruselas abre el 29 de julio el procedimiento para investigar los indicios de injerencia política en la operación
- El 27 de mayo, el ministro de Economía informa a BBVA y Sabadell de que elevará al Consejo de Ministros la opa para decidir si impone condiciones duras
- Torres también maniobró para que el BCE frenara a Moncloa
En el seno del BBVA tuvieron conocimiento en octubre de 2024, tras la publicación de este medio, de que Bruselas había abierto un procedimiento para investigar los indicios de injerencia política. En ese momento, el grupo intensificó las conversaciones con abogados y representantes de Bruselas, según las fuentes consultadas, en un intento para buscar amparo frente al Gobierno.
Incumplimiento de los Tratados de la Unión Europea
La Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capital (Fisma, por sus siglas en inglés) decidió el pasado mes de julio iniciar el procedimiento conocido como EU Pilot. Se trata de un intercambio de información informal entre Bruselas y los estados acusados de un posible incumplimiento de los tratados de la Unión Europea. Y sirve a Bruselas para investigar si existen motivos para incoar un proceso formal de infracción, que podría conllevar sanciones al estado miembro.
En la demanda interpuesta por el abogado Isaac Ibáñez García, registrada en la CE con el número de expediente LT(2024)01375, el abogado independiente denunciaba que la fuerte oposición del Gobierno a la opa de BBVA supone una “injerencia arbitraria” y advertía de que se vulneran principios clave de los Tratados Europeos: la seguridad jurídica, la libre circulación de capitales y el derecho fundamental a la libertad de empresa.
Carlos Torres, presidente de BBVA.
Tras meterse de lleno en la opa, Bruselas salió al paso para fijar las líneas rojas al Gobierno en su intento de bloquear la operación. “La Comisión está mirando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación europea y no dudará en hacer uso de sus poderes como velador de los Tratados", señalaron fuentes comunitarias el pasado martes. "Si se da luz verde en ambos casos, entonces no hay base para parar una operación de acuerdo con una decisión discrecional por un Gobierno de un Estado miembro", avisó el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión Europea, Olof Gill, según Europa Press.
Economía pide "respeto" a la ley nacional
El Ejecutivo, de momento, defiende sus competencias al respeto. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, exigió tras el toque de atención "garantía y respeto" por la legislación nacional, que ampara a Moncloa para poder bloquear la opa. Además, lanzó una consulta pública para garantizarse una base legal y social para justificar su intromisión, según las fuentes consultas. Esta inédita consulta también se ha incluido en las investigación que mantiene abierta Bruselas como un indicio más de injerencia política.
BBVA también buscó el amparo de Fráncfort ante los movimientos de Moncloa y trató de que el Banco Central Europeo (BCE) se opusiera por cuestionar la libertad de empresa. Ahora bien, el supervisor único ya no tiene margen de actuación tras dar luz verde a la operación por la solvencia del grupo combinado, que daría lugar a una entidad con más de un billón de euros en Europa.
