El escándalo de la DGAIA sigue acrecentándose. Después de que salieran a la luz las ayudas y contratos irregulares que la Dirección General de Infancia y Adolescencia otorgó durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020 —y que puso en entredicho la gestión republicana de dicho organismo—, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha hecho público un nuevo informe sobre dichos pagos "irregulares", extendiendo su análisis hasta el año 2022. Así, el texto desvela que el "volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de los que 7,17 pertenecen a expedientes prescritos". Asimismo, concluye que la entidad no ha promovido hasta la fecha una "cultura de la regularidad y transparencia", omitiendo información con respecto a las actividades que financiaban con dinero público.
El informe, realizado en octubre de 2024, pone el acento las prestaciones a jóvenes extutelados que fueron adjudicadas sin que se cumplieran los requisitos para ello. Así, a través del estudio de 38 expedientes correspondientes a beneficiarios de estas ayudas a lo largo del periodo señalado, se advierte de que se incumplieron los "requisitos de los pliegos de condiciones técnicas que regían la contratación del servicio". "Se observa que hay casos en los que se mencionan experiencias de los beneficiarios en el mercado de trabajo de forma poco precisa y sin referencia alguna a los ingresos percibidos o al umbral normativo", anotan. Igualmente, pese a esas menciones, en ningún caso se instó a "revisar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a recibir la prestación o se haya propuesto extinguir la prestación".
Por añadidura, el documento denuncia que los criterios para elegir a la población merecedora de las prestaciones y la cuantía de las misma presentan "carencias" que perjudican a las "personas en situación de pobreza". También, que algunos pagos eran incompatibles con otras prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía. Finalmente, destaca que todo ello produjo un "menoscabo efectivo a Hacienda", lo que podría dar lugar a "hechos perseguibles istrativa y judicialmente".
Estas irregularidades, por otra parte, se han dado a conocer el día que comparece la 'consellera' Mònica Martínez Bravo en la comisión de Derechos Sociales del Parlament para ofrecer explicaciones sobre el futuro de la entidad —sobre la que el Ejecutivo de Illa ha evitado criticas rotundas para no perjudicar a ERC y que ha rebautizado como DGPPIA para limpiar su imagen—.
cvidosa
11/06/2025 13:09
Es ampliamente conocido el saqueo de ERC a las instituciones, si mi abuelo, se levantara, militante de ERC en la guerra civll, los pasaría todos a cuchillo, els catalans no hem de tindra cap mena de consideracio d aquets partits politics, com a Espanya, que ens esquilman a tots i maleixan el nom de Catalunya