Política

El Gobierno se desata en su guerra total contra los jueces para blindarse de la corrupción a la desesperada

El procesamiento de García Ortiz intensifica las acometidas a la Justicia de un gabinete 'declarado en rebeldía' frente al Estado de Derecho

"Algunos jueces hacen cosas difíciles de entender". Mediante esta alusión al magistrado del Supremo que acaba de procesar al fiscal general del Estado, la ministra Pilar Alegría concentraba, este pasado martes, con solo siete palabras, la ofensiva total que Pedro Sánchez ha decretado para lanzar a su Gobierno contra la independencia de los jueces como un paso más en la escalada de "resistencia" a toda costa de un gabinete cercado por un cúmulo de causas judiciales que incluyen situaciones del todo inéditas, como la de que el máximo representante del Ministerio Público se encuentre al borde del banquillo de los acusados. En la práctica, una 'declaración de rebeldía' contra los más elementales contrapesos de cualquier democracia parlamentaria

La paradoja de que el Consejo de Ministros, único potestado para operar el relevo de García Ortiz, se empeñe denonadamente en convertirlo en el ministro número veintitrés, añade una dosis extra de anomalía a un encontronazo sin parapetos entre un Ejecutivo al final de la escapada y un pilar elemental del Estado de Derecho como el Poder Judicial, donde se bascula entre la perplejidad y la indignación ante una indisimulada ofensiva política donde el bien a proteger, lejos de ser el interés general, se reduce a preservar los restos de un proyecto personalista, y de connivencias cruzadas, llamado sanchismo.

Estrategia sincronizada

A las puertas de un simbólico parón de diez minutos con el que, este miércoles, muchos jueces y magistrados expresarán su rechazo frontal a las reformas que, en su rol de ministro de Justicia, pretende introducir Félix Bolaños, Moncloa y sus terminales afines han pautado una estrategia sincronizada cuyo objetivo es deslegitimar sin ambages la labor de las salas en las que se dirimen los futuros procesales del propio García Ortiz, de David Sánchez, hermano del presidente y, sobre todo, de la esposa de este, Begoña Gómez. 'Lawfare' en estado puro para tratar de blindarse de la corrupción a la desesperada.

El objetivo es deslegitimar sin ambages la labor de las salas en las que se dirimen los futuros procesales del propio García Ortiz, de David Sánchez, hermano del presidente y, sobre todo, de la esposa de este, Begoña Gómez. 'Lawfare' en estado puro para tratar de blindarse de la corrupción a la desesperada

La reversión de las actuales normas de a la carrera judicial que abandera Bolaños ha sido invocada por el ideario sanchista como una garantía de igualdad respecto a la extracción social, e ideológica, de los de la judicatura.

Sin embargo, los jueces han puesto la carga de la prueba sobre el manifiesto riesgo que comportaría para la independencia de la Justicia que sea el Centro de Estudios Jurídicos, bajo la tutela del Ejecutivo, el que ejerza un control total sobre la formación de los futuros togados, en donde además se primarían los nombramientos discrecionales para acabar creando, en el peor de los escenarios, un marco asimilable a los tribunales populares, en los que es un poder extrajudicial el que decide quién puede integrarlo. 

'Igualar por abajo'

La reforma, además, orilla el esfuerzo personal como principal condición de mérito para acceder a la carrera judicial, en lo que supone extender al ámbito de la Justicia la práctica común de 'igualar por abajo', tan característica del Gobierno sanchista.          

Pero Bolaños quiere ir más allá 'legislando en caliente' sobre el Ministerio Público transformado a los fiscales en instructores y desligando el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura política para que García Ortiz pueda seguir siendo el ministro adicional en el futuro.

Ahora bien, ni hablar de introducir en la propuesta de reforma del Estatuto Fiscal la principal petición de las asociaciones profesionales de fiscales: que la mera investigación en el Supremo a un jefe del Ministerio Público, como es el caso de García Ortiz, conlleve su destitución inmediata.

Un lapidario elocuente

Una breve muestra del lapidario de ministros y adláteres del sanchismo en las últimas horas confirma por sí solo el redoble de tambor ordenado desde el puesto de mando para intensificar la campaña hostil contra los jueces. La inefable Alegría, desde la atalaya del Consejo de Ministros: "El Gobierno mantiene su confianza hacia el fiscal general. Me van a permitir que aproveche para negar rotundamente que hubiese habido instrucciones por parte de la presidencia a la Fiscalía General del Estado. Esto no ha sucedido nunca. Lamentamos mucho que el Supremo haya hecho estas afirmaciones sin ninguna prueba".

Patxi López compareció en el Congreso con la excusa de abordar el trámite parlamentario de la reforma judicial de Bolaños y el objetivo real de descalificar al magistrado que ha procesado a García Ortiz

Consideración que se suma a la de Patxi López desde el Congreso para descalificar la instrucción del magistrado Ángel Hurtado: “Ha estado ocho meses para ver si encontraba alguna prueba y no ha encontrado ninguna”.

El portavoz parlamentario del PSOE compareció precisamente para anunciar un acelerón al proyecto de ley de Bolaños tras acordar los socialistas con sus socios el bloqueo de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox con la concesión de un plazo de solo 24 horas para la presentación de las parciales. Hacia atrás, ni para tomar impulso. 

La Comisión Europea tampoco cuenta

Esta suerte de demonización del colectivo judicial, singularmente del Tribunal Supremo, al que se acusa desde las instancias de Moncloa de perseguir al fiscal general a modo de venganza del Alto Tribunal por la amnistía política que avala el Constitucional, alcanza también instancias supranacionales. Es el caso de nada menos que la propia Comisión Europea, cuyas objeciones expresadas al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre el dudoso encaje de ley de amnistía en un Estado de Derecho carecen de gravedad para el Gobierno porque "no son vinculantes".

En paralelo, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, trata de desbrozar a toda velocidad el camino de la votación de la sentencia del tribunal de garantías sin atender a los que piden más margen para estudiarla.

Pero el nuevo capítulo de la 'cruzada' sanchista para poner diques a la corrupción política que acecha al Gobierno no solo se nutre de una táctica al ataque contra los jueces que no actúan de acuerdo con el deseo del presidente; también pasa por desmarcarse de aquellos que, aunque ya no están, en realidad nunca se marcharon. Solo así se explica la salida de la ministra portavoz en su valoración del registro por la UCO de la vivienda de José Luis Ábalos: aquí el Gobierno que representa sí expresa "el máximo respeto" por la acción judicial y las actuaciones de la Guardia Civil. No tanto, eso sí, por Ábalos, a quien expulsaron del PSOE -mediante un expediente aún no resuelto- cuando ni estaba imputado.

 

 

 

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