Otro 'incendio' más en el ámbito político de la Comunidad de Madrid. La Ley de Universidades que está preparando el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ultima su puesta a punto antes de recibir luz verde de la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.
Un texto que será uno de los buques insignias de la presente legislatura. Sin embargo, no ha estado exento de polémicas desde sus primeros pasos. El Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, junto a los seis centros públicos madrileños (Complutense, Carlos III, UAM, Alcalá, Rey Juan Carlos y Politécnica), llevan meses dejando claro que no están alineados en absoluto con este proyecto.
Temas como la financiación y la futura creación de centros universitarios privados han copado tertulias y debates, pero es el régimen sancionador de la ley lo que ha puesto todo patas arriba en las últimas 24 horas. Según publicó ayer el diario 'El País', aunque fue negado a posteriori por el propio consejero de Educación, Emilio Viciana, la nueva ley regional prevé multas desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus".
El texto recoge una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra", con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.
Así, en este apartado se incluye "ejercer o amparar, por acción o por omisión, cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" o también "impedir o dificultar la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario".
También se señalan otros supuestos que incurrirán en una sanción muy grave, como "no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución y que se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario".
Este tipo de actos podrá acarrear consecuencias más allá de las multas económicas, tales como el cierre total o parcial de las instalaciones, la suspensión de la actividad cuando la infracción suponga "un daño irreparable a los estudiantes" o la inhabilitación total o parcial durante un periodo de tiempo nunca superior a cinco años.
No a los escraches, apoyo a la Constitución y fin de la endogamia
Pese al ruido mediático, en la mesa de negociación han estado presentes los seis rectores de las universidades, al igual que todas las partes implicadas en ello. Hay tres claves que esta ley ha puesto en el foco para subsanar deficiencias del actual sistema universitario.
Obviando el derroche en muchas áreas de las facultades, Ayuso quiere perseguir con fuerza los escraches, para evitar escenas vividas en los últimos meses por personajes como Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros o la propia Isabel Pérez Moñino, actual portavoz de Vox.
Es uno de los casos que más sanción económica tendrán dentro de la nueva Ley de Universidades. Además, no se consentirá nada que pueda vulnerar los principios básicos de la Constitución española, otro guiño a la carta magna tras los últimos escándalos políticos por parte de Moncloa.
Tras el 'caso Begoña', que puso de manifiesto el "enchufismo" que sufre la universidad pública, Ayuso y sus consejeros quieren erradicar la endogamia, evitando que personas sin titulación o adscritas profesionalmente a la educación puedan tener un puesto o 'mano' en ella. Un tridente de medidas poco exploradas por el ámbito mediático y que cuentan con la aprobación total de todas las partes.
