Si queremos convertir nuestras ciudades y comunidades en lugares más sostenibles y habitables para las generaciones futuras, se necesita poner en marcha un plan de políticas públicas que haga posible esa transformación. Un plan ambicioso que integre medidas estatales con comunitarias y del ámbito local, y en el que todos los agentes implicados colaboren de forma coordinada. Pero un plan de esas características ni puede esperar en su ejecución ni es barato. Implica movilizar una ingente cantidad de recursos financieros que no siempre están disponibles en el momento en que se necesitan y que, por ejemplo, en el ámbito regional, ninguna comunidad autónoma puede desembolsar por sí sola.
Según un informe la Fundación PwC, el cumplimiento de los ODS definidos por la ONU a 2030 presenta un déficit de inversión que actualmente se sitúa en 2,6 trillones de dólares anuales. Estos datos ponen de manifiesto la importancia capital de que las instituciones financieras se impliquen en la creación y puesta en marcha de soluciones de financiación que permitan sostener, impulsar y acelerar la hoja de ruta sostenible mundial. En España, Banco Santander lleva años acompañando a los gobiernos autonómicos en sus planes y proyectos en este ámbito, un compromiso verde que ha hecho posible la materialización de numerosas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad en toda la geografía española.
La movilidad sostenible es uno de los ejes de actuación de las políticas públicas.
Muchos frentes que atender
La crisis medioambiental es una realidad que amenaza el bienestar de la ciudadanía desde distintos frentes. Para combatir esta amenaza, las comunidades autónomas y otras instituciones están integrando de manera transversal en sus políticas públicas criterios de sostenibilidad. Entre los proyectos que se están acometiendo, destacan actuaciones como la gestión sostenible del agua y de los recursos naturales; la prevención y el control de la contaminación; la gestión de los residuos; la eficiencia energética en edificios; el transporte limpio y la movilidad urbana; la implantación de soluciones de energía renovable; las smart cities o la protección de la biodiversidad terrestre y acuática, tanto fuera como dentro de los espacios urbanos.
Además, esa dimensión sostenible de las políticas regionales también incluye la construcción de nuevos centros de salud, hospitales, residencias para mayores y equipamientos deportivos con criterios ambientales y sociales. Igualmente, se promueven barrios más resilientes, con zonas verdes y edificios adaptados al cambio climático. Y, en el ámbito social, se desarrollan proyectos como la creación de infraestructuras básicas asequibles, la protección de colectivos vulnerables, el a servicios esenciales como educación, vivienda social, la generación de empleo o la mejora y el empoderamiento económico de los ciudadanos.
La tecnología como facilitador
La tecnología está posibilitando en buena medida esta revolución sostenible. Si hace apenas una década pensar en colegios con placas solares, hospitales energéticamente eficientes o autobuses públicos que no emiten ni una partícula de CO2 podía parecer una fantasía ecologista, hoy estos hitos son una realidad tangible en buena parte del mapa autonómico español. Una revolución silenciosa, pero imparable, que está transformando nuestras ciudades y regiones, gracias a que las comunidades autónomas y resto de instituciones llevan años situando la sostenibilidad en el centro de sus estrategias. Se trata de una profunda transformación que va mucho más allá de la estética y cuyo objetivo último es lograr unas ciudades y regiones más habitables, inclusivas y sostenibles.
Soluciones financiación verde
Ante tamaño desafío, la pregunta que surge es cómo financiar de manera sostenible todos estos proyectos, por otra parte, imprescindibles para el desarrollo social y el cuidado del entorno. Banco Santander ha diseñado una serie de soluciones financieras específicamente concebidas con este propósito. Desde préstamos bilaterales etiquetados como sostenibles, hasta participación en emisiones de bonos verdes y sociales, solo en los dos últimos ejercicios se han formalizado más de 2.000 millones de euros de financiaciones calificadas como sostenibles con numerosas instituciones públicas en Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia, Junta de Andalucía o País Vasco. Cada una de estas regiones está adaptando estas herramientas a sus necesidades específicas, aunque todas ellas con un objetivo común: transformar la inversión pública para que también sea una inversión en futuro.
Banco Santander ha diseñado una serie de soluciones financieras específicamente concebidas para financiar políticas públicas vinculadas a la sostenubilidad
La colaboración público-privada es un elemento esencial en este engranaje, en el que la banca es una pieza esencial. En el caso de Banco Santander, la entidad presidida por Ana Botín no solo actúa como financiadora, sino también como asesora y colocadora en las emisiones de deuda, afianzando así su papel de socio estratégico. Gracias a este nuevo modelo de financiación se mejoran hospitales, se reforman colegios, se construyen viviendas sociales o se instalan puntos de carga eléctrica. También se crean empleos, se dinamizan economías locales y se reduce la brecha territorial.
En la entidad llevan años apoyando a las istraciones en sus retos sociales y medioambientales, y lo van a seguir haciendo muchos años más con la misma determinación. La España que se dibuja en los planes de sostenibilidad autonómicos no es una utopía. Está ocurriendo. Y lo está haciendo, en buena medida, gracias al trabajo conjunto de ese binomio ganador que conforman istraciones públicas y bancos. Compañeros de viaje que tratan de escribir juntos una nueva versión del futuro más sensata y vivible para todos.
