Leire Díez, la señalada como fontanera del PSOE, ya tiene protección policial. Desde el sindicato policial Jupol critican que la Dirección General de la Policía haya tomado esta medida y subrayan que sus compañeros "deben estar en la calle, no escoltando políticos y fontaneros". Califican el sistema de escoltas de "abulsivo e injustificado".
Este miércoles se conocía que la Dirección General de la Policía ha accedido a la petición de protección policial formulada por Leire Díez tras presentar una denuncia contra el empresario Víctor de Aldama, quien irrumpió en la rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación la semana pasada. Según declaró la denunciante, al finalizar la comparecencia se acercó a ella en tono "intimidatorio": "Fontanera, sinvergüenza, por qué me amenazas de muerte, os vais a arrepentir de haber venido este día".
Desde Jupol critican que esta solicitud le haya sido concedida pese a que no se ha impuesto ninguna medida cautelar respecto a la periodista vinculada a Ferraz. Los escoltas acompañarán a Díez en actos públicos y otros eventos donde aumente el peligro para su integridad física.
El sindicato pone el caso de la fontanera del PSOE como ejemplo para criticar que "España mantiene un modelo de protección institucional sobredimensionado, completamente alejado de los estándares europeos". Afirman que la protección policial en nuestro país se ha convertido en una "prerrogativa habitual para políticos, cargos menores e incluso para aquellos con simples vínculos istrativos o de asesoría, amparados por una lógica de poder que distorsiona los fines del servicio público".
Un modelo de escoltas "sobredimensionado"
De esta forma, Jupol califica el modelo de protección institucional como "sobredimensionado" respecto a los países de nuestro entorno, donde las escoltas personales "están reservadas exclusivamente para cargos de alta responsabilidad en situaciones de riesgo real".
Por este motivo, el sindicato urge a "revisar y recortar estos excesos", por lo que exigen al Ministerio del Interior una "revisión inmediata y profunda" del sistema de escoltas policiales, para que se lleve a cabo con criterios de proporcionalidad, necesidad y transparencia y que "de una vez por todas" se priorice la presencia policial "donde de verdad hace falta".
