La defensa del empresario Alberto González Amador ha remitido al Tribunal Supremo en el que pide procesar al fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid por revelar datos confidenciales sobre él. La pareja de Isabel Díaz Ayuso solicita al juez Ángel Hurtado que dicte un auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado contra los dos fiscales, lo que supondría el primer paso para enviar al banquillo a los dos investigados.
En el escrito, avanzado por El Mundo y al que ha tenido Vozpópuli, la defensa subraya que el empresario "dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo", pasando a tener el tratamiento asociado a ser la “pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”, lo que supuesto que toda la información, documentación y datos personales que figuraban en manos del Ministerio Público fuesen revelados a la prensa.
Los abogados hacen un recorrido por todos los mensajes de WhatsApp intercambiados por Pilar Rodríguez y su superior, Álvaro García Ortiz, quien a través de las comunicaciones intervenidas por la UCO expresó un manifiesto interés en conseguir el correo del abogado Carlos Neira, posteriormente difundido en los medios de comunicación. "Sólo y siempre tras pasar por las manos de D. Álvaro García Ortiz tras proveérsela Dña. Pilar Rodríguez, toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal fue objeto de revelación pública a través de eldiario.es, la cadena ser, elplural.com y la propia Fiscalía -a través de la nota de prensa-, estando también en manos de la presidencia del gobierno antes de que los anteriores lo difundieran", reza el escrito.
Mensajes borrados
Además, se incluye como indicios las revelaciones de la Guardia Civil sobre el borrado de los mensajes del móvil del fiscal general. Según la UCO, el investigado borró dichos mensajes tan sólo cinco horas después de que el Tribunal Supremo notificase su intención de asumir la competencia de la investigación por la difusión de información confidencia del novio de Ayuso. Al borrado de los mensajes de WhatsApp se sumó la eliminación de la cuenta de correo electrónico, imposibilitando la descarga de la copia de seguridad de dichos mensajes o de Google Drive.
En la misma línea, se hace referencia a la declaración en el Supremo de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, que reconoció que desde el primer momento en el que el 'email' llegó a manos de Álvaro García Ortiz "sabía lo que iba a suceder". Esto, consideran, hace alusión a la difusión del correo electrónico que acabó en los medios.
Por su parte, Pilar Rodríguez ha solicitado al Supremo que archive la causa en la que es investigando, defendiendo que la información presuntamente filtrada a la que tuvo no puede considerarse un secreto revelado porque ya era conocida. La defensa mantiene que "el resultado de la instrucción ha puesto de manifiesto que cuando la información confidencial, y que no debía ser divulgada, había sido ya revelada y era suficientemente conocida por diversos medios de comunicación".
