Tribunales

Las reformas de Bolaños “pueden suponer el ideológico al tercer Poder del Estado”

Javier Veiga, miembro del comité de Huelga de Unión de Jueces y Fiscales explica en esta entrevista sus reivindicaciones por las que estudian ir a huelga

  • Javier Veiga, del Comité de Huelga

Este miércoles, a las 12:00 horas, jueces y fiscales de toda España realizarán un paro simbólico de 10 minutos en las sedes judiciales para protestar contra el Gobierno al entender que las últimas reformas legislativas impulsadas por el ministro de Justicia Félix Bolaños suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal.

Javier Veiga, miembro del Comité de Huelga del movimiento Unión de Jueces y Fiscales, explica en esta entrevista en Vozpópuli que las reformas del Ministerio de Justicia suponen una amenaza a la independencia judicial. Asimismo, explica los aspectos que consideran perjudiciales y que se están vulnerando los estándares establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas.

Pregunta: ¿Considera que las reformas del ministro Félix Bolaños suponen una amenaza directa a la independencia judicial y a la separación de poderes? 

R: Desde el Comité de Huelga así lo creemos. La reforma del sistema de a las Carreras Judicial y Fiscal, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), así como lo relativo a la estabilización de sustitutos supone una absoluta rebaja de la calidad técnica de los futuros jueces y fiscales de nuestro país, así como el demérito a quienes con años de sacrificio se forman en la teoría y en la práctica, vulnerando con ello los principios de igualdad, mérito y capacidad. El dar a cientos de sustitutos en los términos previstos en la reforma por el Ministerio de Justicia no supone precisamente un refuerzo a la garantía de independencia ya prevista en nuestra vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otro lado, la reforma del EOMF en los términos planteados supone una atribución de facultades cuasi absolutas al Fiscal General del Estado, no establece la necesaria garantía de autonomía e independencia en lo que se refiere a la futura atribución de la instrucción penal a los integrantes del Ministerio Público, y se sigue sin acometer lo señalado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en cuanto a la necesaria independencia absoluta del Fiscal General del Estado del Poder Ejecutivo.

P: ¿Cree que el Gobierno está intentando debilitar al Poder Judicial para consolidar su control sobre las instituciones del Estado?

R: Lo que está claro es que precisamente no está reforzando la garantía de independencia del Poder Judicial, tal y como debería hacerse. El proceso actual de selección de jueces y fiscales, gestionado en el seno del Consejo General del Poder Judicial a través de la Comisión de Selección, tomando presente el actual sistema, garantiza una adecuada formación y equidad en el . No interviene en absoluto el Ejecutivo en el proceso.

Con esta reforma, el Gobierno flexibiliza de un modo inisible el de cientos de personas que, con todo respeto y dada la configuración legal, puede suponer luz verde al ideológico al tercer Poder del Estado. En lugar de sacar más plazas por turno libre para el Poder Judicial, se acomete una reforma que ciertamente en los tiempos que corren es cuanto menos sospechosa.

P: Hoy hay un parón de 10 minutos convocado en todos los Juzgados de España, ¿Qué esperan de él?¿Creen que será suficiente?

R: . Animamos desde aquí a todos los togados a efectuarlo, en sus respectivas sedes judiciales, como símbolo de protesta ante la reforma que se trata de aprobar. Con esto se espera visibilizar la repulsa del Poder Judicial frente a una batería de medidas que a buen seguro pretenden un desmantelamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes.

Aún no tenemos la capacidad de predecir el futuro, por lo que no es posible adelantar acontecimientos. Desde luego, este parón es una de las medidas que se van a poner encima de la mesa para poder recuperar una Justicia fuerte, independiente y que no le deba nada al poder político en nuestro país.

P: ¿Qué respaldo tienen dentro de la carrera la posible huelga? ¿Hay división interna entre los jueces y fiscales?

R: Desde la Unión de Jueces y Fiscales creemos necesaria la huelga, y cuenta con un amplísimo respaldo de nuestro movimiento. Lo mismo puede decirse respecto de las Asociaciones de Jueces y Fiscales, en concreto de la APM, AJFV, FJI, AF y APIF, aunque serán ellas las que definitivamente deban dar el paso, pero confiamos en que así sea.

Esta reforma ha unido a cientos de jueces y fiscales en un clamor: que se retire una reforma lesiva para los intereses de la Justicia en nuestro país, y que quiebra de forma clara la necesaria separación de poderes en un Estado democrático de Derecho. No puede hablarse de división entre jueces y fiscales en este momento.

P: ¿Cuántas huelgas de jueces ha habido en los últimos años?

R: En los años 2009, 2013, 2018 y 2023 tuvieron lugar huelgas. Particularmente, en el año 2018 se produjo la primera huelga conjunta de jueces y fiscales, con un respaldo de al menos la mitad de las carreras judicial y fiscal, y que tuvo lugar durante el mandato de Rafael Catalá como Ministro de Justicia por el Partido Popular.

Posteriormente, en el año 2023 se produjo otra huelga conjunta durante el mandato de Pilar Llop como ministra de Justicia por el Partido Socialista. Como puede apreciarse, los jueces y los fiscales no entendemos de ideologías cuando se trata de reclamar mejoras para una istración de Justicia tan maltratada en un período de tiempo tan prolongado.

P: ¿Qué aspectos concretos de las reformas impulsadas por el Ministro Bolaños consideran perjudiciales?

R: Como hemos defendido desde el primer minuto, el proceso de estabilización e ingreso de más de mil jueces y fiscales sustitutos en las Carreras Judicial y Fiscal, con un procedimiento manifiestamente menos riguroso y favorable a los intereses de esto, supone un revés considerable para la istración de Justicia.

Actualmente, el sistema de por turno libre consiste en tres exámenes públicos eliminatorios que garantizan los estándares de formación y objetividad. Hablamos de 329 temas, con un examen tipo test y dos exámenes ante Tribunales integrados por Jueces, Fiscales, Abogados del Estado y profesionales jurídicos. Esta fase se refuerza con otra de dos años para los jueces en la Escuela Judicial, y con otro año para los fiscales en el Centro de Estudios Jurídicos.

Cualquier persona puede presentarse a los exámenes y superar el proceso selectivo, con independencia de sus circunstancias personales y sociales. Con la reforma, se suprime una prueba oral y 144 temas menos, amén del cambio del procedimiento con un dictamen escrito sin las garantías necesarias. Con la introducción al margen del vigente proceso a más de mil jueces y fiscales sustitutos, el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes.

Por otro lado, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como ya dijimos antes confiere poderes amplísimos al Fiscal General del Estado, sin ningún contrapeso, y sin resolver la cuestión de la tan necesaria autonomía presupuestaria respecto del Ministerio de Justicia, lo cual ayudaría a desvincular en gran medida del Ejecutivo y cumplir con los estándares europeos.

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como ya dijimos antes confiere poderes amplísimos al Fiscal General del Estado

Se elimina el carácter ejecutivo del Consejo Fiscal en cuanto al régimen disciplinario o de incompatibilidades, limitándolo a un carácter consultivo, poniendo por caso la resolución de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios, o en casos de traslados forzosos de Fiscales.

P: ¿En qué medida estas reformas podrían vulnerar principios recogidos en tratados internacionales o en el marco jurídico de la Unión Europea?

R: Hemos escuchado desde el Ministerio de Justicia que esta reforma es exigida por la Comisión Europea y que cumple con los estándares establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto no es cierto ni por asomo. 

El Tribunal de Justicia en sendas decisiones prejudiciales que tienen por objeto que se emita interpretación sobre las cláusulas 4 y 5, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999 ya ha sentado, por ejemplo, que el proceso de estabilización de funcionarios sustitutos no tiene que acometerse integrándolos como funcionarios de carrera. Puede hacerse como personal laboral al servicio de la istración de Justicia. Hay jurisprudencia que rechaza la incorporación como jueces y fiscales de carrera, al existir infracción de los principios de mérito y capacidad, y que resulta de obligado cumplimiento. 

Asimismo, se incumple con lo manifestado por la Comisión Europea en su comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de fecha de 2023, en cuanto a las recomendaciones para España sobre fortalecimiento del Estado de Derecho. Se incumple con la Recomendación de CM/Rec(2010)12 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de noviembre de 2010 sobre la independencia, eficiencia y responsabilidades de los del Poder Judicial.

Se incumple con el Plan de Acción para el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de 2016 del Consejo de Europa, y con la Opinión No. 13(2018) del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, aprobada en el seno del Consejo de Europa, así como el propio artículo sexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que comprende el derecho a un procedimiento justo y al Juez natural predeterminado por la ley, y sujeto a los principios de independencia e imparcialidad. 

Como es sabido, España forma parte del Consejo de Europa y está sujeta al cumplimiento de los estándares que en materia judicial quedan fijados. Igualmente, debemos recordar que uno de los requisitos para la permanencia en la Unión Europea es el cumplimiento del llamado “acervo comunitario”, actualmente “acervo de la Unión”, que implica entre otras cosas el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. La quiebra de estos principios ha detonado procesos incoados por incumplimiento del Derecho de la Unión a Estados (véase el caso polaco).

P: Por último, durante su tramitación, ¿se han sentido escuchados por el Ministerio de Justicia?

R: En absoluto. Esta reforma se ha hecho a espaldas de las Carreras Judicial y Fiscal, desatendiendo las reclamaciones mayoritarias de aquéllas en cuanto al verdadero problema de la Justicia en nuestro país: la carencia de medios materiales y personales. Nunca el ministro Bolaños ha recabado el sentir ni de las Carreras ni de las Asociaciones de Jueces y Fiscales, y si a esto le sumamos que se está tramitando por la vía de urgencia, la estupefacción es mayor.

Necesitamos más Juzgados y Oficinas Judiciales, más y mejores medios técnicos, más Jueces, Fiscales, Letrados de la istración de Justicia y funcionarios de Justicia de carrera. Más plazas en definitiva.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli