Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vincula a José Luis Ábalos con la adjudicación de obras públicas a cambio del cobro de contraprestaciones económicas. La información remitida por los agentes al Tribunal Supremo se desprende del análisis de los contratos de, al menos, una decena de empresas y de varias grabaciones intervenidas en los dispositivos incautados a su exasesor, Koldo García.
Según informan fuentes jurídicas, en los dispositivos intervenidos durante el registro de la vivienda de Koldo García se han localizado varios audios de los que se desprende que el exministro se benefició de una contraprestación económica a cambio de favorecer a empresas concretas a las que el Ministerio de Transportes acabó adjudicando varios contratos millonarios de obra pública. Así lo refleja el juez Leopoldo Puente en el auto de entrada y registro, al que ha accedido Vozpópuli, en el que apunta que existen "elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventual ilícita intervención" de Ábalos, obteniendo a cambio "un determinado beneficio económico tal y como él mismo podría haber venido a itir en determinados pasajes de las grabaciones".
El informe remitido por el Instituto Armado al alto tribunal hace casi una semana ha sido el desencadenante de la orden acordada por el juez instructor. Cabe recordar que los investigadores llevan meses trabajando en un nuevo informe sobre el cobro de supuestas "mordidas" y en el que se analizan las comunicaciones mantenidas por el exasesor ministerial, Koldo García, con otros cargos del PSOE, entre los que destaca el nombre de Santos Cerdán. Por el momento, no ha transcendido más información dicho informe ya que permanece bajo secreto de sumario.
A primera hora de este martes, varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado en el domicilio de José Luis Ábalos. La operación que ha tenido como objeto la entrada y registro de la vivienda del exministro de Transportes y de las sedes de diferentes constructoras en Navarra y la Comunidad Valenciana se ha producido por orden del Tribunal Supremo debido a "la solidez de los indicios" de la posible comisión de delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.
La UCO registra la casa de Ábalos durante varias horas
Los agentes de la UCO han pasado alrededor de nueve horas en el piso donde Ábalos vive en Valencia, abandonando el inmueble casi las cinco de la tarde. Durante ese tiempo, los investigadores inspeccionaron "libro a libro" -en palabras del propio Ábalos- las dependencias de la vivienda en busca de documentación y posible dinero en efectivo de las supuestas mordidas cobradas por el exministro.
En paralelo, otros del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO se personaban en las sedes de varias constructoras de la Comunidad Valenciana y Navarra para recabar la documentación de los contratos bajo sospecha, los cuales están obligados a custodiar.
Uno de los principales cometidos de los agentes era volcar el contenido de sus dispositivos electrónicos, que hasta ahora habían permanecido intactos. En concreto, clonaron el contenido de su teléfono móvil y le incautaron dos memorias de almacenamiento extraíbles (discos duros) cuyos datos copiarán en dependencias policiales. En estos terminales, la UCO busca indicios del presunto amaño de contratos de obra pública en beneficio de casi una decena de constructoras.
Se trata de la primera vez que los investigadores vuelcan el contenido de dispositivos del principal investigado en el 'caso Koldo'. A los agentes les dio tiempo a copiar in situ el contenido de su móvil y se lo devolvieron poco antes de finalizar el registro. Según apuntan algunas fuentes, Ábalos cambió de teléfono el pasado mes de enero.
Los agentes salieron del edificio, donde también inspeccionaron un bajo propiedad del exministro, con varias cajas de cartón llenas. La expectación mediática a las puertas de la vivienda era máxima. Después, abandonó el inmueble la abogada que le asistió durante el registro y él mismo atendió a la prensa.
Ahora, los investigadores de la Guardia Civil analizarán el contenido de estos dispositivos en busca de nuevos indicios que apuntalen un presunto cobro de comisiones que el informe de la UCO ya habría revelado. Dada la sensibilidad de esta nueva derivada del caso Koldo, el instructor Leopoldo Puente decidió abrir una pieza separada y declararla secreta.
