El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno adoptar de forma urgente medidas con respecto a los miles de menores no acompañados que se encuentran en Canarias y que están interesados en solicitar asilo. Además, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-istrativo les han advertido que, en caso de desoír su petición, impondrá medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas.
Este auto consultado por Vozpópuli es consecuencia de la vista celebrada en el Alto Tribunal el pasado 29 de mayo. En ella, el Ejecutivo manifestó que no estaba cumpliendo con la orden que le habían dado un mes antes porque les faltaba documentación de los más de 700 menores. Pero esos argumentos no han sido suficientes porque la Sala entiende que se ha producido un “claro incumplimiento” de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado. Pues no se había evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos, con desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de “vulnerabilidad y necesidad”.
Además, reprocha que la istración del Estadao no haya elaborado ni siquiera una relación completa, detallada y precisa de los menores que se encuentran en dicha situación. Y han llegado a la conclusión de que sólo en los días anteriores a la celebración de la vista, la istración del Estado solicitó de la Comunidad Autónoma de Canarias "la colaboración necesaria para completar la documentación sobre la situación individualizada de cada uno de estos menores, gran parte de la cual, además, ya debería obrar en su poder, así como su ofrecimiento de un protocolo de colaboración con dicha istración Autonómica".
Y es que, tal y como exponen, hasta el momento, "la istración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior”.
La medida cautelar de marzo
El Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el 26 de marzo hacerse cargo, en un plazo improrrogable de 10 días, de un millar de menores no acompañados que actualmente están a cargo del Gobierno de Canarias y garantizar así el al sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de cerca de mil menores que han solicitado asilo. Pero los días pasaban y no se hacían cargo.
Los magistrados tomaron esta decisión tras haber examinado detalladamente las competencias de ambas istraciones. Por lo que veían "imprenscindible" tomar esta medida "para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores -según resulta notorio- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger".
El Gobierno canario solicitó esta medida cautelar tras exponer que, según datos de ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, 546 menores no acompañados habían presentado solicitud de protección internacional. A ellos debían sumarse otros 350 que se encontraban a la espera de ser atendidos para manifestar su voluntad de solicitar el asilo y otros 325 que, tras manifestar tal voluntad, estaban a la espera de ser citados para presentar la solicitud. Sumando, en total, 1.221 personas.
La istración también manifestó que el Estado es el que tiene competencia exclusiva en materia de derecho de asilo, tal y como recoge el artículo 149.1.2 de la Constitución. De modo que estaban realizando una tarea de acogimiento de menores que tienen derecho a la protección internacional por imperativo constitucional pese a que es responsabilidad exclusiva de la sitración General del Estado.
luzmasluz
05/06/2025 12:49
¿Y quién pagará esas multas...?