La irrupción de Aliança Catalana ha cambiado las dinámicas en el Parlament. Antes de ese aterrizaje, los partidos de la izquierda catalanista y el secesionismo habían suscrito un "pacto antifascista" en 2021 que vetaba cualquier negociación con Vox, formación paradigmática de lo que hasta entonces catalogaban como extrema derecha —esto es, una fuerza de marcado conservadurismo y contraria al secesionismo catalán—. Sin embargo, la llegada de la Aliança de Sílvia Orriols obligó a estos partidos a alterar sus esquemas, dado que este partido se mostraba tan beligerante con los inmigrantes como con los ciudadanos del resto de España. Recordemos que, en el ecosistema catalán, este último rasgo es tenido por progresista. Así, Junts, ERC, Comunes y CUP no tuvieron más remedio que ampliar el perímetro de su cordón sanitario para dar cabida también a AC.
Pero la aplicación del veto a la separatista Aliança ha sido más laxa que la practicada con Vox. La primera fuerza en flexibilizarlo fue Junts, cuyas expectativas electorales en las próximas municipales se ven amenazadas por un partido con el que comparte 'target' electoral en la Cataluña interior. Siendo así, en octubre pasado los neoconvergentes se abstuvieron ante una iniciativa de Orriols que propugnaba reactivar la Declaración Unilateral de Independencia de 2017, argumentando que no pensaban "votar siempre en contra" de las iniciativas de Aliança "sea cual sea su contenido". Y más tarde, en febrero, hicieron fracasar una moción de censura contra Orriols en Ripoll, donde ésta es alcaldesa, para no soliviantar a los votantes de AC —considerados afines—.
Por otra parte, la tentativa de silenciar a Aliança en la cámara no ha estado surtiendo efecto. Y es que, aunque los del 'pacto antifascista' se comprometieron a no aceptar sus votos y evitar su presencia en los órganos del Parlament, no pueden impedir a la formación xenófoba presente las mociones parlamentarias que deseen. Mociones que, conviene señalar, carecen de rango de ley pero son sometidas a debate en el hemiciclo, lo que permite a Aliança marcar la agenda y seguir en el candelero. Frente a ello, la Mesa del Parlament —formada por de Junts, Esquerra y PSC— nada puede hacer, pues su cometido es analizar formalmente las peticiones pero no entrar a valorar su contenido.
No más sanciones
Y es que la Mesa está evitando dar cualquier paso que acreciente la impresión de que se censura a Aliança. Si lo hace, la formación ultra se ve beneficiada al presentarse como una víctima del 'stablishment' —en este caso, no sin razón—. Por esta razón, desde julio pasado, el presidente del Parlament, Josep Rull, no ha vuelto a interrumpir los discursos de Orriols por propagar el odio o la estigmatización de colectivos, como había venido haciendo hasta entonces. El cambio de estrategia pasa por cortar las alocuciones de AC "lo mínimo posible" y, en todo caso, imponer luego las sanciones pertinentes.
Con todo, el Parlament no ha perseverado en la vía punitiva. No en vano, el agosto pasado, la Generalitat multó con 10.000 euros a Sílvia Orriols por una intervención en un debate televisivo en la que sostuvo que en "una Cataluña islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados", declaración que fue juzgada como "discurso de odio". Y el resultado no fue otro que reforzar la imagen de Orriols como política 'outsider' amordazada por el sistema. Y, aunque a principios de abril los grupos del pacto anunciaron la creación de una Comisión de Estudio sobre el fascismo y el racismo para impulsar un Pacto Nacional contra el Odio, la iniciativa permanece arrumbada en un cajón. En parte, para no seguir alimentado el victimismo de Aliança. Pero, también, para no perjudicar los intereses de Junts, dado que su reciente endurecimiento en la cuestión migratoria tampoco pasaría dichos filtros.
