Opinión

¿Y ahora qué, Cándido?

La decisión de la Comisión de alegar ante el tribunal europeo contra la “autoamnistía” es una bomba de relojería que echa por tierra la prisa del Constitucional

  • El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido -

Perdonen el tuteo impropio hacia una de las más altas magistraturas de la nación, nada menos que presidente del Tribunal Constitucional (TC), excelentísimo señor Cándido Conde-Pumpido, pero es que la amenaza de choque jurisdiccional con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que va a provocar, si antes no lo remedia, no es para menos. A Conde-Pumpido y a la mayoría de magistrados progresistas del órgano español de garantías que dirige les entró la prisa hace mes y medio por dar el visto bueno ya, cuanto antes, a la constitucionalidad de nuestra polémica Ley de Amnistía.

Mira que pudo meter esa ponencia redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán en un cajón de su escritorio a dormir el sueño de los justos, pero no, había que dar señales inequìvocas a Carles Puigdemont de que lo suyo, el borrado definitivo de su situación penal, está en vías de solución; y, sobre todo, había que complacer al Gobierno de Pedro Sánchez, el que le puso al frente del TC porque le urge acabar con la sensaciòn de parálisis legislativa y polìtica que nos atenaza desde el inicio de una legislatura en la cual, por no tener, no tenemos ni un presupuesto anual; que todavía andamos tirando con el aprobado en 2022 cuando eran diputados Inés Arrimadas y aquel diputado del PP Alberto Casero ¿Se acuerdan?

Anda que no ha habido gente del mundo de la polìtica y la judicatura, empezando por los cuatro magistrados de la minoría conservadora, que han advertido a Conde-Pumpido sobre semejante temeridad; gentes de la más variada condiciòn que preguntan legítimamente: "¿A qué tanta prisa por sacar una sentencia que, además, producirá escasos efectos prácticos en tanto no incluye la malversación de fondos públicos que mantiene al líder de Junts per Catalunya huído en Waterloo (Bélgica) hace casi ocho años?" "¿Por qué no esperar a que el TJUE dictamine que la Ley de Amnistía resulta conforme al Derecho Comunitario, antes de pronunciarse el TC sobre su constitucionalidad, no vaya a ser que nos desautoricen desde Europa?"

En diciembre la Comisiòn Europea presidida por Úrsula Von der Leyen presentó alegaciones sobre la norma a instancias del TJUE y en ellas dice bien clarito, alineándose con las tesis de los de Feijóo, que la ley española es en realidad una "autoamnistía" encubierta, porque ha sido aprobada por los beneficiarios de la misma... vamos, que no tiene un pase.

Pues no, la mayoría del TC quiso tirar para adelante contra viento y marea, y este martes, mientras nuestro Tribunal de Garantías celebraba en Madrid un primer pleno para estudiar la ponencia de la vicepresidenta Montalbán, esa donde se dice que el primer argumento del recurso del PP contra la norma, lo de que es un pago en especie a Puigdemont por sus siete votos en la investidura de Sánchez, no tiene cabida en nuestro ordenamiento, saltó la bomba de relojería: la Comisiòn Europea presidida por Úrsula Von der Leyen ha presentado alegaciones sobre la norma a instancias del TJUE y en ellas dice bien clarito, alineándose con las tesis de los de Feijóo, que la ley española es en realidad una "autoamnistía" encubierta, porque ha sido aprobada por los beneficiarios de la misma... vamos, que no tiene un pase en la UE.

¿Y ahora qué, presidente Cándido Conde-Pumpido? ¿Vamos a un choque de jurisdicciones a sabiendas de que las decisiones de los tribunales europeos prevalecen sobre las de los tribunales nacionales o paramos el reloj y, esta vez sí, esperamos a que el TJUE se pronuncie sobre el recurso que presentó nuestro Tribunal de Cuentas contra la norma? ¿Alguien cree que este informe de la Comisión porque no es "vinculante", como se ha llegado a señalar desde el Gobierno en las últimas horas, no va ser determinante en la decisión que adopte el Tribunal de Garantías Europeo con sede en Luxemburgo?

El TJUE está compuesto por 27 magistrados de carrera, uno por cada país miembro, es una Torre de Babel jurídica que, lógicamente, hace caso de las recomendaciones de un órgano como la Comisión, que es la que da forma política a eso tan complicado como es la gestión de esta Europa de 400 millones de habitantes. Y en ese informe se dicen cosas como que parece más una "autoamnistía" (sic) o que no responde "a un objetivo de interés general", justo lo contrario de lo que pretende defender la ponente de la sentencia del TC español, su vicepresidenta Inmaculada Montalbán... apaga y vámonos.

El TC está a tiempo de frenar el debate de su ponencia y someterse a la sentencia que llegue de Luxemburgo allá por otoño. Pero mucho me temo que, tratándose de un asunto de togas y puñetas, de soberbia intelectual al fin y al cabo, Conde Pumpido y los magistrados progresistas tirarán para adelante. Al tiempo

Las prisas no son buenas consejeras, no; sobre todo cuando le entran a una instituciòn como el Tribunal Constitucional español que hasta 2023 se tiró más de diez años diez -como los carteles de los toros- sin dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley del Aborto aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero porque nunca era el momento o por lo que sea, que dicen ahora los castizos, usted estimado lector ya me entiende.

O, por ejemplo, cuando aquel TC presidido por María Emilia Casas tardó la friolera de siete años siete -otra vez los toros- en "peinar" que diría Alfonso Guerra su sentencia sobre el engendro jurídico que fue el Estatut de Cataluña hasta hacerlo irreconocible ante propios (los nacionalistas, luego independentistas de aquellos polvos...) y extraños (el resto de España).

El problema que se le presenta a nuestro Tribunal de Garantías es que su superior en la jerarquía jurisdiccional, ese TJUE de imposible pronunciamiento, ha dicho que va desnudo de argumentos, como el emperador del cuento del traje. Bien es cierto que Conde-Pumpido y la mayoría sedicentemente progresista del Tribunal -nunca he sabido qué tiene de progresista constitucionalizar un privilegio para quienes atentaron tan gravemente contra la convivencia en aquel malhadado procés de 2017- están a tiempo de frenar el debate de su ponencia y someterse a la sentencia que llegue de Luxemburgo allá por otoño. Pero mucho me temo que, tratándose de un asunto de togas y puñetas, soberbia intelectual al fin y al cabo, Conde Pumpido y los suyos tirarán para adelante. Al tiempo.

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