La Unidad Central Operativa (UCO), además de las pesquisas en la casa del exministro José Luis Ábalos, ha registrado esta semana las instalaciones de Servinabar, una empresa radicada en Pamplona que se adjudicó -en una UTE junto a otras firmas- un proyecto de obra pública en Navarra por valor de 76 millones. La actuación de la Guardia Civil llega tras las últimas revelaciones aportadas al Tribunal Supremo, con un informe que contendría referencias a Santos Cerdán y que apunta al presunto cobro de comisiones irregulares en contratos públicos.
Precisamente, esta obra fue objeto de una reciente iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados por el actual secretario de organización del PSOE. Una auditoría destaca diversas anomalías en la adjudicación.
Todo arranca con el proyecto en Navarra para la duplicación del túnel de Belate, una infraestructura clave que permite el tráfico rodado hacia el norte de la Comunidad Foral. El objetivo era ensanchar el paso para permitir una mayor fluidez: por eso se consignó una partida de 78,6 millones de euros, IVA excluido, y una batería de criterios de adjudicación, dando plazo a las empresas interesadas a presentar sus propuestas.
El Gobierno de Navarra autorizó en enero de 2023 la celebración del contrato público. No obstante, se trataba de un proyecto de envergadura y que requería numerosos trámites, por lo que el procedimiento se prolongó durante casi un año. Finalmente fue adjudicada a la UTE de la que participaba la citada Servinabar.
El informe con las anomalías
Un informe elaborado por la Cámara de Comptos, institución fiscalizadora de la gestión económica en la Comunidad Foral, destaca las anomalías durante la adjudicación. El documento destaca que la mesa de contratación compuesta por ocho : cinco técnicos del Departamento de Cohesión Territorial -uno de los cuales era presidente de la mesa-, un técnico de istración pública, un interventor delegado y un representante de la Junta de Contratación Pública.
La licitación contaba con criterios cualitativos y cuantitativos; los primeros se basaban en la redacción de una memoria técnica y un programa de obra, mientras que los segundos se centraban en la oferta económica -con una preponderancia de cuarenta puntos sobre cien- y criterios sociales. El 23 de marzo de 2023 se abrió el sobre de documentación istrativa, con la propuesta de siete licitadores.
Siguiendo el procedimiento habitual, se dio un plazo para la subsanación de errores, requiriendo datos adicionales a cinco de las propuestas. Después, en agosto, se abrió el sobre con la propuesta de criterios cualitativos. Es aquí donde se detectó una anomalía sustancial: la información permaneció durante varios días en una unidad de red a la que tuvo todo empleado público de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras.
Con todo, el procedimiento siguió adelante. Y la mesa de contratación celebró dos reuniones presenciales, en las que se valoraron las propuestas en base a criterios técnicos. Tres de sus ocho -el secretario, el representante de la Junta de Contratación Pública y el interventor delegado- manifestaron sus reticencias, al entender que la valoración técnica carecía de una adecuada motivación que acreditase las diferencias de puntuación.
Además, estos tres representantes manifestaron que el presidente de la mesa conocía las puntuaciones de los demás de la mesa antes de emitir su propia valoración. Algo que resulta especialmente llamativo a tenor del resultado tan ajustado en las valoraciones: conjuntando criterios técnicos y económicos, la propuesta que se llevó la adjudicación sumó una puntuación de 96,22, seguida de otras dos ofertas que obtuvieron 94,85 y 94,05 puntos, respectivamente.
La adjudicación del contrato
La UTE que se llevó el concurso estaba participada por Servinabar, la empresa que ahora investiga la UCO. La adjudicación, no obstante, tardaría varias semanas en concretarse, después de que se elevase la propuesta de adjudicación y se tramitase un informe con todas las actas del procedimiento, incluidos los votos particulares que lo cuestionaban.
El 20 de diciembre de 2023 -incide el informe de la Cámara de Comptos-, el director general de Obras Públicas e Infraestructuras consideró que la documentación del expediente estaba incompleta y que debía concluirse con “mayor nitidez” la motivación de las calificaciones, además de subsanar cierta documentación.
Un día más tarde se comunicó al resto de de la mesa que respondieran lo que creyesen oportuno. Cobraba entonces especialmente relevancia un comunicado previo del secretario de la mesa, que ya había advertido de la “improcedencia” de llevar a cabo actuaciones una vez concluidas las funciones de la mesa con la propuesta de adjudicación.
La UTE, por su parte, emitió un certificado de solvencia expedido por el Ministerio de Transportes. Y el director del servicio elevó un documento firmado por los cinco técnicos de la mesa, pero no aprobado por la misma, donde se avalaba los criterios de valoración en la adjudicación. Con estos trámites se dio por concluido el procedimiento de adjudicación, y el contrato se formalizó finalmente el 25 de enero de 2024.
Las preguntas de Santos Cerdán
La sede de la empresa Servinabar es uno de los puntos que investiga la UCO en la supuesta trama centrada en obras públicas, que también propició el registro en la casa de José Luis Ábalos. Cabe recordar que los investigadores de la Guardia Civil investigan las posibles conexiones entre diversas autoridades, y que la semana pasada remitieron al Tribunal Supremo un nuevo informe que recogería referencias al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Como contó Vozpópuli, Santos Cerdán se justificó ante los medios asegurando que, en su condición de diputado y de origen navarro, se había interesado en numerosas ocasiones por las obras públicas en su comunidad autónoma. No obstante, la actividad parlamentaria de Cerdán en este sentido es más bien escasa. Y en plena polémica registró una batería de preguntas sobre diversos proyectos en la Comunidad Foral.
Una de ellas estaba relacionada con el proyecto de ampliación del túnel de Belate. Santos Cerdán preguntaba al Gobierno -encabezado por el PSOE, partido del que es secretario de organización- cuál fue el importe transferido y acordado a Navarra para la mejora del trazado de la carretera y de esta infraestructura. También si había aprobado algún tipo de subvención a tal efecto.
Preguntas que no pasaron desapercibidas, sabiéndose Santos Cerdán en el ojo de la polémica, y con las que apuntalaba su declarado interés por las obras públicas en Navarra. En este caso, las del túnel de Belate, efectuadas -a través de la citada UTE- por Servinabar, la empresa a la que ahora sigue el rastro la UCO.Un informe desvela anomalías en la adjudicación de Navarra por la que preguntó Santos Cerdán
gnomo
12/06/2025 09:46
Estamos gobernados por MAFIOSOS, por gentuza de la peor y sin escrúpulos, por sinvergüenzas y por criminales sin ningún pudor! ¡Por muchísimo menos que la corrupción que rodea y enfanga a los socialistas dejaron caer a Rajoy los meapilas del PNV, los podemitas chavistas bolivarianos y los los bilduetarras! ¡Sinvergüenzas, cínicos e hipócritas que son los pneuveros, los podemitas chavistas bolivarianos y los bilduetarras! ¡Tenemos que salir todos a protestar en masa a la calle de una pu...a vez!