Varapalo judicial al activismo violento en las universidades catalanas. La Audiencia de Barcelona ha elevado a dos años de prisión la condena a los estudiantes separatistas que expulsaron a de la asociación constitucionalista S'ha Acabat de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) en 2022. De esta manera, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por el colectivo antisecesionista, incrementando de 18 meses a dos años de cárcel la condena a cuatro jóvenes radicales por considerarlos culpables de un delito contra el derecho de reunión, con el agravante de discriminación ideológica y empleo de la violencia. Con este aumento, los condenados no podrán eludir su ingreso en prisión.
En un principio, el juez de lo penal dictaminó que los activistas cometieron únicamente un delito de coacciones. Recordemos que, el 23 de febrero de 2022, un centenar de activistas independentistas asaltaron, hostigaron y, finalmente, expulsaron a los de S'ha Acabat de su parada de la feria de asociaciones de la UPF. Teniendo ello en cuenta, la Audiencia de Barcelona ha señalado que aquel hostigamiento se limitó a intimidar y asaltar la carpa del colectivo constitucionalista, sino que se "agredió" a sus , formando un cordón a su alrededor y acompañándoles al exterior. Un acto que fue más allá del sabotaje, pues los atacantes entendieron que, aún siendo S'ha Acabat una "asociación legalizada", su ideología justificaba "acciones hostiles e intimidatorias".
El constitucionalismo cívico catalán no ha tardado en celebrar la sentencia. Así, para la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ésta supone una "lección a quienes piensan que el acoso y la agresión es isible en nuestra sociedad". Y añade: "El odio y la hispanofobia de los condenados no les ha salido gratis. Esperemos que otros tomen nota de las consecuencias de sus actos en el futuro". Mientras, Impulso Ciudadano ha destacado que estos "actos no deben de quedar impunes y se han de frenar los delitos de odio dentro y fuera de nuestras universidades".
